El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo hacia la aprobación de la llamada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para mutualistas. La Comisión de Trabajo aprobó el dictamen de la proposición de ley promovida por el PSOE, que permitirá que cerca de 100.000 autónomos que cotizan en mutualidades de colegios profesionales puedan pasarse al RETA si lo desean. Sin embargo, esta medida deja fuera a 47.000 profesionales que ya han cumplido el periodo mínimo para acceder a la pensión pública, así como a jubilados.

La propuesta fue aprobada con las abstenciones de PP, Vox y Junts y deberá ser confirmada en el Pleno del Congreso el próximo 10 de julio. Tras ese paso, pasará al Senado para su ratificación definitiva antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante la negociación, el Gobierno vetó varias enmiendas que pretendían ampliar el acceso a la pasarela, como permitir la inclusión de jubilados o aplicar la conversión uno por uno por años cotizados entre mutualidad y RETA para todos los mutualistas.

El texto aprobado establece que, a partir del 1 de enero de 2028, el sistema público absorberá a todos los autónomos, eliminando la actual posibilidad de cotizar de forma alternativa mediante mutualidades, una opción que varios grupos defendieron que se mantuviera más allá de esa fecha. Esto supone un cambio significativo para las mutualidades, que ven amenazada su continuidad ya que muchas operan justo en base a esa alternativa al sistema público.

En concreto, la ley fija un coeficiente de conversión de 0,77 para convertir los derechos económicos acumulados en las mutualidades a meses cotizados en el RETA. Se contempla una excepción para los mutualistas mayores de 55 años a finales de 2025, que podrán beneficiarse del sistema de equivalencia uno a uno, lo que facilita la transición para los más cercanos a la jubilación. De todas formas, para acceder a la pasarela será necesario no haber cumplido el periodo mínimo para cobrar la pensión pública y no estar pensionado actualmente, salvo en el caso de pensiones de viudedad.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha expresado críticas hacia la tramitación al considerar que los vetos del Gobierno a varias enmiendas belangrijke limitan la protección y derechos de los mutualistas. Especialmente, destacan la exclusión de los que ya cumplen los requisitos para la jubilación y la imposibilidad de mantener la coexistencia voluntaria entre cotización pública y mutualidad.

Este órgano ha señalado que aunque el trámite legislativo avanza, la aprobación en Comisión no puede ser interpretada como una solución definitiva que garantice seguridad jurídica y viabilidad para los afectados. En su comunicado, el ICAM insiste en que la reforma debe equilibrar la sostenibilidad del sistema con principios de equidad y protección social.

La reforma, en línea con el plan anunciado en 2021 por el Ministerio de Seguridad Social que lidera Elma Saiz, busca integrar en el sistema público a todos los profesionales que hasta ahora cotizaban en mutualidades alternativas, equiparándolos en derechos y obligaciones, especialmente en lo relativo a la pensión de jubilación. El próximo paso en el proceso legislativo será la votación en el Pleno del Congreso, donde se espera que la ley cuente con el apoyo necesario para avanzar hacia su entrada en vigor.

Este cambio legal supone un hito para el colectivo de autónomos mutualistas que durante décadas ha coexistido con el RETA en un sistema alternativo. Ahora deberá adaptarse a un modelo unificado que modifica significativamente sus condiciones de cotización y jubilación, en un contexto donde la viabilidad financiera del sistema público sigue siendo una prioridad para el Gobierno.

Para profundizar, puede consultarse el texto de la propuesta y seguimiento en el Boletín del Congreso, junto con las declaraciones oficiales del Ministerio de Seguridad Social. Además, el ICAM ha difundido comunicados con sus valoraciones sobre la tramitación y resultados obtenidos.

Esta reforma está destinada a ser una de las más relevantes para el colectivo de autónomos en los próximos años, marcando una nueva etapa en la regulación de la cotización y la protección social para profesionales con mutualidades alternativas.