El Ministerio de Defensa ha rechazado el recurso de alzada que Santa Bárbara presentó en enero de 2026 contra la adjudicación de dos contratos de artillería autopropulsada. Con esta resolución, la filial española de General Dynamics agota la vía administrativa para impugnar una decisión que supone uno de los mayores compromisos de inversión en defensa terrestre de los últimos años en España.

Los dos contratos en disputa corresponden a sistemas de artillería autopropulsada sobre ruedas y sobre cadenas, y fueron adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Indra y EM&E. El importe total asciende a 7.240 millones de euros, una cifra que los convierte en uno de los mayores contratos de defensa terrestre firmados en España. La mayor parte de la ejecución se realizará en las instalaciones de El Tallerón, en Gijón, donde Indra tiene el centro neurálgico de su división de vehículos terrestres.

Santa Bárbara Sistemas argumentaba en su recurso que, como empresa española con trayectoria contrastada en el sector de defensa, su candidatura para participar en los Programas Especiales de Modernización (PEM) debería haber sido considerada de forma efectiva. La compañía esgrimía su capacidad técnica y su experiencia acumulada como razones de peso para cuestionar el proceso de adjudicación. Sin embargo, el Ministerio ha desestimado esos argumentos y ha confirmado la validez del proceso que llevó a seleccionar a la UTE liderada por Indra.

La resolución deja sin margen de maniobra a Santa Bárbara en sede administrativa, pero no cierra del todo la puerta a una batalla legal más prolongada. Según la información disponible, la compañía tiene abierto otro litigio en el Tribunal Supremo relacionado con estos mismos contratos, lo que abre la posibilidad de que el conflicto se prolongue en los tribunales ordinarios durante meses o incluso años.

El programa al que corresponden estos contratos forma parte de los Programas Especiales de Modernización impulsados por el Ministerio de Defensa para renovar y actualizar las capacidades del Ejército de Tierra. En el ámbito de la artillería autopropulsada, España busca dotarse de sistemas modernos que sustituyan a material con décadas de servicio, en un contexto en el que el gasto en defensa ha ido en aumento en toda Europa tras el inicio de la guerra en Ucrania.

El papel de Indra en este proceso es especialmente relevante. La empresa tecnológica española ha consolidado en los últimos años su posición como uno de los actores de referencia en el sector de defensa nacional, tanto en electrónica como en vehículos terrestres. La planta de El Tallerón, en el polígono industrial de Gijón, ya acoge la producción del VCR 8x8 Dragón, el vehículo de combate sobre ruedas que el Ejército de Tierra ha comenzado a incorporar a su flota, y concentrará ahora también la fabricación de los nuevos sistemas de artillería adjudicados.

Desde el punto de vista industrial, la decisión de Defensa refuerza el peso de Asturias en la cadena de valor de la defensa española. El Tallerón se perfila como un polo industrial estratégico en el que confluyen tecnología, fabricación y mantenimiento de sistemas de armas terrestres, con un impacto directo sobre el empleo y la actividad económica de la región. La adjudicación de contratos de esta magnitud garantiza carga de trabajo en esas instalaciones durante un horizonte temporal amplio.

El rechazo del recurso de alzada no implica necesariamente que el proceso de adjudicación estuviera exento de controversia. Santa Bárbara, que lleva décadas fabricando material de defensa en España y cuenta con instalaciones en La Coruña y Sevilla, considera que su perfil industrial y técnico justificaba una participación directa en estos programas. La empresa sigue siendo un proveedor relevante para las Fuerzas Armadas españolas en otros ámbitos, pero este revés administrativo la deja fuera de uno de los contratos más voluminosos de la última década en el sector.