Una investigación de la CNN ha sacado a la luz un nuevo tipo de espacio digital donde hombres de distintos países comparten métodos para drogar y agredir a sus parejas, se felicitan mutuamente y, en algunos casos, venden los vídeos o retransmiten las agresiones en directo. No es un caso aislado: es la punta visible de una red global que lleva años creciendo en plataformas de mensajería cifrada.
El fenómeno tiene nombres y cifras concretas. En Portugal, un canal de Telegram reunió entre 66.000 y 70.000 usuarios intercambiando imágenes íntimas sin consentimiento. En Alemania, otro grupo alcanzó los 73.000 miembros. En Italia, el grupo Mia Moglie superó los 32.000 participantes, que compartían fotografías de sus propias parejas como si fueran objetos. En España, el llamado Chat de Depravados, con unos 600 miembros en Telegram, fue identificado por difundir material sexual sin consentimiento de las víctimas.
La escala global del problema es aún mayor. Una investigación de la BBC identificó decenas de canales con cerca de dos millones de usuarios repartidos entre Reino Unido, Rusia, Brasil y Kenia. En Argentina, el grupo Los Magios de Tucumán agrupó a miles de hombres que compartían contenido sexual, incluyendo imágenes de menores. En Corea del Sur, un sistema de explotación basado en chantaje y distribución masiva llegó a implicar a más de 260.000 personas. En China, otra red similar alcanzó los 100.000 usuarios.
Lo que distingue esta nueva fase de la violencia sexual de episodios anteriores es su dimensión colectiva. Estas plataformas no son solo archivos de contenido ilegal: funcionan como comunidades donde se validan conductas, se intercambian técnicas —dosis de sedantes, formas de grabar sin ser detectado, respuestas ante posibles sospechas— y se consolidan jerarquías entre participantes. Cuando la agresión se comparte y se aplaude, deja de percibirse como un delito y empieza a tratarse como una práctica grupal normalizada. El salto de lo individual a lo colectivo convierte un crimen en algo parecido a una industria.
El caso francés de Dominique Pelicot, donde el acusado reclutó a decenas de hombres a través de una plataforma para agredir a su mujer, Gisèle Pelicot, mientras dormía, ilustra hasta qué punto estas redes pueden estructurarse con una lógica casi operativa. El juicio, celebrado en 2024, puso sobre la mesa una pregunta incómoda: quiénes son estos hombres. La respuesta, en casi todos los casos documentados, es que no se trata de perfiles marginales sino de trabajadores, padres de familia y vecinos sin antecedentes.
Las víctimas, en muchos de estos casos, desconocen que lo son. La confianza depositada en la pareja elimina la principal barrera de protección: la capacidad de identificar el peligro. Organismos como el Consejo de Europa llevan años advirtiendo de que la violencia sexual digital requiere marcos legales específicos y coordinación entre plataformas tecnológicas y estados, algo que, a la vista de los datos, sigue siendo claramente insuficiente.