La Audiencia Nacional ha sentenciado a José Manuel Villarejo, excomisario de policía, a tres años y medio de prisión por acceder sin permiso y distribuir a medios de comunicación información privada contenida en la tarjeta de memoria de un teléfono móvil robado en 2015 a Dina Bousselham, exasesora de Podemos y de Pablo Iglesias.

Villarejo fue hallado culpable de un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público, tras compartir datos confidenciales sin autorización. La sentencia excluye a dos periodistas de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, de responsabilidad, quienes recibieron el perdón de los acusadores.

La condena también incluye una indemnización de 5.000 euros a Bousselham y 1.000 euros a Iglesias, cantidades que se fijaron conforme a las peticiones de la Fiscalía y que serán cubiertas subsidiariamente por el Estado. La tarjeta sustraída contenía documentación interna sobre Podemos, datos bancarios de Iglesias, imágenes íntimas de Bousselham y capturas de chats de Telegram, como los grupos 'Equipo Portavoz' y 'Superagente'. Algunas de esas conversaciones incluyeron comentarios polémicos, como un mensaje en el que Iglesias habla de una periodista.

El tribunal destacó que la difusión de esta información causó un daño moral considerable, exponiendo la vida privada de las víctimas sin su consentimiento. Según los jueces, la privacidad de ambos afectados resultó gravemente vulnerada por la publicación de esos datos.

El caso se originó cuando en noviembre de 2015 fue robado el móvil de Bousselham, y su tarjeta de memoria llegó al Grupo Zeta en enero de 2016. Pese a que inicialmente este medio decidió no publicar el contenido, el periodista Alberto Pozas entregó una copia a Villarejo en febrero de ese año, sin que mediara ninguna solicitud legal.

Posteriormente, se comprobó que Villarejo guardaba parte de esa información en su domicilio, clasificada en carpetas bajo los nombres 'Dina 2' y 'Dina 3'. Además, facilitó datos a periodistas de El Confidencial y OkDiario para desacreditar a Podemos y su entonces líder, demostrando un uso indebido de su posición policial para influir en medios y manipular información política.

El tribunal confirmó que Iglesias conservó la tarjeta de memoria durante seis meses antes de devolvérsela a Bousselham, sin daños aparentes. También descartó el argumento de la defensa sobre una supuesta filtración interna en Podemos y diferenció la responsabilidad de Bousselham en el envío de algunas capturas de sus mensajes voluntariamente.

Villarejo, que ejercía funciones policiales en aquel momento, usó su cargo para obtener información sin investigación previa, lo que el tribunal reprocha como un abuso de su autoridad. A pesar de ello, se le reconoció la atenuante de dilaciones indebidas debido a la demora en el proceso, que comenzó en 2016 y concluyó en 2026 como parte del caso Tándem.

Este fallo se suma a otros fallos contra Villarejo en el marco del caso Tándem, donde acumula tres condenas, la mayor con 13 años de prisión, aunque ha sido absuelto en cinco procedimientos adicionales.

La sentencia ha sido clave para ilustrar las ramificaciones del uso ilegal de información privada con fines políticos mediante el apoyo de figuras policiales, así como la responsabilidad mediática en la difusión de datos robados, que aún generan debate sobre la privacidad y la ética en el ámbito político y periodístico.

Para un análisis completo sobre las implicaciones del caso Villarejo puede consultarse el documento oficial de la Audiencia Nacional y el seguimiento mediático en El Confidencial.

Además, el impacto de esta condena se enmarca en el contexto más amplio del llamado caso Tándem, una investigación que ha desvelado prácticas irregulares en ciertos sectores de las fuerzas policiales, con resonancia directa en la política española contemporánea.