El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha fallado a favor de Telefónica, revirtiendo la decisión que excluía a la compañía del Lote 3 de Ciberseguridad del polémico contrato CORA III. Esta adjudicación había sido inicialmente concedida a Masorange, pero Telefónica logró finalmente hacerse con el contrato tras una disputa legal que dura desde marzo de 2025.

El Lote 3 del CORA III corresponde a servicios de ciberseguridad e interconexión de centros de datos para los ministerios y organismos públicos del Gobierno español, un contrato de gran relevancia para la soberanía tecnológica y la seguridad estatal. La exclusión original de Telefónica se fundamentó en la falta de inscripción de un plan de igualdad por parte de Govertis, una subcontrata que aportaba solvencia a la oferta de Telefónica, un requisito indispensable para contratar con la Administración.

Esta exclusión provocó que el Ministerio para la Transformación Digital declarase desierto el contrato con el objetivo de una nueva licitación, dado que las dos ofertas presentadas —la de Telefónica y la de Masorange— fueron descartadas por motivos similares relacionados con planes de igualdad. Como resultado, el servicio continuó en manos de Telefónica e Indra de manera provisional mediante un contrato negociado.

La resolución del TACRC establece que la implicación de Govertis en la oferta de Telefónica es distinta a la de Mnemo en la de Masorange, ya que Govertis era un proveedor de segundo nivel subcontratado y que desde entonces TCCT (Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech) ha asumido directamente las responsabilidades relacionadas con el plan de igualdad. Esto ha podido subsanar la causa de exclusión inicial, lo que justifica la estimación del recurso presentado por Telefónica y confirma su adjudicación definitiva.

Esta decisión supone la tercera resolución en este asunto en poco más de un año y trae nuevamente a debate cuestiones vinculadas con la soberanía tecnológica, el trato igualitario en la contratación pública y el control del Estado sobre empresas estratégicas. Masorange, inicialmente adjudicataria, es una empresa con capital mayoritariamente francés—Orange posee el 100% tras adquirir la participación restante en junio—y con un Gobierno francés como accionista relevante, lo que levantó dudas sobre la custodia de la seguridad digital del Estado español por una compañía controlada en parte por el Estado francés.

Además, tras la anulación de Masorange, algunos sectores señalaron un posible trato preferente hacia Telefónica, en el contexto del reciente control estatal del 10% de su capital y el nombramiento de un presidente ejecutivo con vínculos políticos cercanos al Ejecutivo. En cuanto a las ofertas, Masorange había presentado una propuesta económica más competitiva, valorada en 55,26 millones de euros sin IVA, frente a los 63,06 millones propuestos por Telefónica. A pesar de esto, las exigencias administrativas sobre planes de igualdad han sido determinantes para la adjudicación.

Afrontar esta compleja pugna judicial y administrativa ha puesto de manifiesto el difícil equilibrio entre criterios técnicos, económicos, legales y políticos en licitaciones estratégicas para el Estado. La confirmación del TACRC de la adjudicación a Telefónica consolida a esta empresa como responsable de la protección cibernética de la Administración estatal en este contrato crucial, aunque el debate sobre la gestión pública y el control sobre la infraestructura tecnológica del país continúa abierto.

Este fallo también pone en relieve la importancia de cumplir escrupulosamente con los requisitos legales en contratos públicos, especialmente en el contexto de planes de igualdad que buscan garantizar condiciones justas y no discriminatorias. La polémica sobre el CORA III muestra cómo este tipo de detalles administrativos pueden determinar el resultado final de licitaciones multimillonarias y estratégicas para el sector público.

Más allá del impacto inmediato en la adjudicación, este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de transparencia y criterios claros en los procesos de contratación del Estado, con especial atención a la defensa de la soberanía tecnológica y la garantía de igualdad entre competidores.

Para mayor profundidad, se puede consultar la resolución del TACRC y el seguimiento del proceso en medios como Expansión y la página oficial del Ministerio para la Transformación Digital.