Un informe reciente de PwC recoge que el 57% de economistas y empresarios calcula que el PIB español crecerá entre un 2% y 2,2% en 2026, cifra inferior al 2,6% previsto por el Gobierno. A pesar de esto, la mayoría considera que la economía podrá resistir con cierta fortaleza el impacto de la guerra en Irán.

El conflicto ha provocado una caída abrupta de la producción de petróleo, que ha encarecido los combustibles y empujado al alza los costes en la cadena de suministro y productos básicos. Estos efectos trasladados a la economía global repercutirán en un menor crecimiento de las principales potencias desarrolladas. Además, el 69% de los dirigentes estima que la inestabilidad económica y geopolítica persistirá hasta 2027, indicativo de un horizonte con múltiples desafíos.

Sectores como el transporte, la agricultura y la industria química resultan los más afectados por el actual escenario, debido a su alta dependencia energética y logística. Por el contrario, el sector financiero y el inmobiliario se perciben como menos vulnerables a estas dificultades, aunque el mercado de la vivienda comienza a mostrar señales claras de ralentización. En este sentido, el fuerte aumento de los precios –que crecen por encima de los salarios– está tensionando la accesibilidad para los hogares y limitando su capacidad de endeudamiento.

Por ello, el 45% de los expertos prevé una caída de la demanda de vivienda en los próximos seis meses, mientras que otro 45% espera que se mantenga estable. Esta evolución refleja un cambio respecto a trimestres anteriores y se vincula al endurecimiento de las condiciones financieras, con subidas de tipos de interés impulsadas por el BCE para controlar la inflación asociada al encarecimiento energético.

El incremento del IPC es considerado por el 47% de los encuestados como un efecto directo de la guerra de Irán, que también ha provocado un impacto mayor en los precios que en el crecimiento del PIB. Respecto a la subida de tipos, el 55% opina que es una medida necesaria para anclar las expectativas inflacionarias y evitar problemas futuros, aunque un 24% advierte que la inflación podría ser estructural y prolongarse más tiempo.

Además, el consumo de las familias muestra signos de debilitamiento. Aunque la mayoría cree que se mantendrá estable, alrededor del 25% anticipa una reducción, lo que refleja el deterioro de la renta disponible como consecuencia de la inflación. Este dato apunta a una situación más complicada para los hogares, incluso cuando la percepción general sobre la economía es más positiva.

Finalmente, la cuestión fiscal emerge como otro punto crítico. La mayoría (78%) de los expertos cree que la Unión Europea tendrá que flexibilizar sus reglas fiscales para dar espacio a mayores niveles de deuda pública, indispensables para sostener el gasto en defensa y la transición energética. Este ajuste se añade al fin próximo del programa europeo Next Generation, clave para el crecimiento y que concluirá a finales del mes de agosto.

Este escenario plantea múltiples desafíos para España, donde la economía deberá navegar en un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento de la financiación y la inestabilidad internacional, con impactos evidentes en sectores como la vivienda y el consumo familiar.

Para más detalles, puede consultarse el informe completo de PwC y el análisis sobre la situación económica desde el Ministerio de Economía.