El Gobierno español, enfrentado a un contexto de notable debilidad parlamentaria y presionado por la cercanía de las elecciones de 2027, ha decidido pisar el acelerador en su agenda legislativa durante el mes de julio. Con dos plenos extraordinarios en el Congreso de los Diputados, la intención es clara: desbloquear acuerdos con sus socios de investidura y avanzar en normativas importantes antes del receso estival. Esta actividad frenética se produce también en la recta final de la gestión de los fondos europeos, añadiendo urgencia a la acción gubernamental.
Uno de los puntos clave en la agenda de julio es la aprobación de un nuevo decreto de vivienda. Este texto busca reintroducir medidas que previamente fueron rechazadas por la Cámara Baja, como la prolongación automática de los contratos de alquiler y un aumento del IVA para los alojamientos turísticos hasta el 21%. Fuentes cercanas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, han indicado que esta nueva propuesta incluye bonificaciones fiscales para los propietarios y otras cláusulas diseñadas para conseguir el respaldo de formaciones como Junts y el PNV, esenciales para su aprobación. Se prevé que el Ejecutivo lo apruebe en uno de los Consejos de Ministros restantes de julio para debatirlo en septiembre.
En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, se ha comprometido a aprobar durante este mes el tan debatido registro horario. Esta medida, impulsada por los sindicatos y largamente esperada, ha encontrado resistencia por parte de la patronal. Su aprobación, que se espera para el último Consejo de Ministros del curso político, el 28 de julio, representa un paso significativo en la regulación de las condiciones laborales, reflejando el compromiso del Gobierno con las demandas de los agentes sociales.
Objetivos Fiscales y Presupuestos Futuros
El mes legislativo comenzó con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno anunció una ampliación del 4% en el techo de gasto para las comunidades autónomas para el próximo año, manteniendo sus objetivos de déficit en el 0,1%. Además, se ha fijado un techo de gasto histórico de 226.000 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al año en curso, a pesar de que para ese ejercicio no se contarán con los fondos de recuperación europeos. Estos movimientos son cruciales, ya que el presidente Pedro Sánchez ha condicionado la continuidad de la legislatura a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, para los cuales la senda de estabilidad es fundamental. Aunque el Congreso rechazó la propuesta inicialmente, el Gobierno insistirá en su aprobación, apoyándose incluso en informes de la Abogacía del Estado que avalan la aplicación de la senda de convergencia del programa de estabilidad, si esta cuenta con el visto bueno del Consejo de la Unión Europea, como ya ocurrió en 2024. Más detalles sobre la política fiscal pueden consultarse en el sitio web del Ministerio de Hacienda.
Otro frente abierto es la reforma de la financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda, ahora liderado por Arcadi España, presentó a las comunidades una propuesta que, en gran medida, replica la de su predecesora. Esta iniciativa plantea un aumento de cinco puntos en los ingresos por IRPF que reciben las autonomías (hasta el 55%) y de seis puntos y medio en el IVA (hasta el 56,5%). Sin embargo, la mayoría de las regiones, incluyendo algunas gobernadas por el PSOE, han expresado su rechazo, especialmente por el nuevo cálculo de la población ajustada, argumentando que recibirían menos transferencias de las que les corresponden. A pesar de la falta de consenso mostrada en comités técnicos, se espera que la propuesta sea aprobada en el CPFF del 29 de julio con el respaldo decisivo de Cataluña, dada la mayoría de votos del Gobierno en este órgano.
La recta final de los Fondos Next Generation
Paralelamente a la intensa actividad legislativa, el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Carlos Cuerpo, está inmerso en la fase final de gestión de los fondos europeos. Tras la resolución del sexto pago, el departamento debe presentar de forma inminente una adenda para justificar el cumplimiento de tres hitos que tienen sus desembolsos retenidos. La consecución de estos compromisos es vital para acceder al séptimo pago, cuya solicitud se prevé para septiembre, pero que exige que el resto de las obligaciones se hayan cumplido antes del 31 de agosto. Esta gestión es crucial para la inyección de recursos en la economía española y para cumplir con los plazos establecidos por la Comisión Europea.
La debilidad parlamentaria actual, exacerbada por procesos judiciales y diferencias con socios clave, hace que cada paso legislativo sea un desafío. La prisa por cerrar estos asuntos en julio evidencia la intención del Gobierno de consolidar su posición y mostrar capacidad de gestión ante el inminente ciclo electoral de 2027. Las decisiones tomadas en estas semanas no solo afectarán la vida de los ciudadanos en áreas como la vivienda o el empleo, sino que también perfilarán el futuro político y económico del país, estableciendo la base para los próximos presupuestos y la estabilidad gubernamental. Para mantenerse informado sobre la actividad del ejecutivo, se puede visitar el portal oficial de La Moncloa. Por su parte, la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados es accesible en su página web.