Repsol está a punto de presentar reclamaciones por daños y perjuicios contra Iberdrola, Endesa y Naturgy por un importe total de 125 millones de euros. El motivo es el impacto que el gran apagón del 28 de abril de 2025 —y otros cortes de suministro registrados en días próximos a esa fecha— tuvo sobre las cinco refinerías que el grupo energético opera en España. Según fuentes conocedoras de los trámites jurídicos, la compañía tiene previsto presentar la reclamación en los próximos días, antes de que venza el plazo legal de un año desde los hechos.
La razón por la que la reclamación se dirige a tres empresas diferentes es geográfica. Las refinerías de Repsol se encuentran en zonas de distribución distintas: la de Cartagena corresponde a la red de Iberdrola, la de Tarragona a la de Endesa y la de A Coruña a la de Naturgy. En España, la legislación establece que las reclamaciones por corte de suministro deben dirigirse a la empresa propietaria de la red de distribución de cada zona. Solo en los casos en que el suministro está conectado directamente a líneas de alta tensión, la responsabilidad recaería sobre Red Eléctrica de España (REE), gestionada por el grupo Redeia.
El cálculo actual de 125 millones supone una rebaja respecto a la estimación inicial de la propia Repsol, que en un primer momento cifró el impacto en 175 millones. La empresa ha ido ajustando la cifra a medida que analizaba con más detalle las consecuencias operativas del incidente en cada una de sus instalaciones. No obstante, sigue siendo la reclamación individual más elevada que se ha cuantificado públicamente en relación con el apagón.
La segunda gran petrolera también reclama
Repsol no será la única compañía del sector que exija compensación. Moeve, la segunda mayor petrolera en España, también tiene previsto reclamar daños y perjuicios. La empresa cifra el perjuicio sufrido en 50 millones de euros, concentrado principalmente en sus refinerías de Huelva y Cádiz, zonas donde Endesa es la distribuidora responsable. Tanto Repsol como Moeve podrían, además, extender sus reclamaciones a Redeia, el holding que controla REE, ya que algunas de sus instalaciones tienen conexión directa con la red troncal de alta tensión.
Hasta ahora, las únicas reclamaciones que habían llegado a tramitarse eran de menor cuantía: miles de quejas de usuarios domésticos y pequeñas empresas, gestionadas en su mayoría por las propias distribuidoras o por aseguradoras. La entrada en escena de las grandes industrias cambia completamente el perfil del conflicto judicial que se avecina.
La CNMC complica el escenario legal
El contexto en el que se producen estas reclamaciones es especialmente enredado desde el punto de vista jurídico. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) abrió el pasado viernes 20 expedientes sancionadores tras detectar incumplimientos de la ley del sector eléctrico, repartiendo responsabilidades entre REE y varias eléctricas. Esto implica que no hay un único culpable identificado, sino una cadena de fallos en los que aparecen involucrados múltiples actores del sistema.
Esta distribución de culpas tiene una consecuencia directa sobre las reclamaciones: si los tribunales acaban reconociendo responsabilidades compartidas, el proceso podría convertirse en un laberinto de demandas cruzadas entre compañías. Uno de los expedientes de la CNMC apunta, de hecho, a la propia Repsol. Aunque la petrolera no opera redes eléctricas, sí cuenta con instalaciones de generación —renovables y ciclos combinados de gas— que, según el regulador, no cumplieron con su obligación de operatividad durante el incidente. Esto podría debilitar parcialmente su posición como demandante.
Burofax y mediación para ganar tiempo
Antes de que venza el plazo de un año —lo que sucederá a finales de abril—, las empresas afectadas tienen a su disposición dos vías para preservar su derecho a reclamar sin necesidad de ir de inmediato a los tribunales. La primera es el envío de un burofax formal a las partes responsables, que interrumpe el plazo de prescripción. La segunda es acogerse a las Medidas Alternativas de Solución de Conflictos (MASC), un mecanismo de conciliación extrajudicial que también permite ganar tiempo y, eventualmente, llegar a un acuerdo sin litigio.
Ambas fórmulas son habituales en reclamaciones de esta magnitud y permiten a las empresas afectadas mantener abiertas sus opciones mientras se aclara el panorama regulatorio y sancionador. La decisión de la CNMC sobre las multas definitivas podría tardar meses, y su resultado influirá directamente en las estrategias legales de todas las partes implicadas.
El apagón del 28 de abril de 2025 fue el mayor corte de suministro eléctrico registrado en España en décadas. Su impacto sobre la industria pesada, y en particular sobre el sector refinero, empieza ahora a traducirse en cifras concretas y en acciones legales que prometen mantener ocupados a los tribunales durante años.