Repsol ha decidido posponer el cobro de su deuda con Venezuela, que asciende a 4.550 millones de euros, mientras el país sudamericano gane estabilidad económica y política. Así lo confirmó el consejero delegado, Josu Jon Imaz, en la junta general de accionistas celebrada este jueves.
El director ejecutivo explicó que, aunque la deuda está reconocida oficialmente en la contabilidad de la empresa, ahora no es el momento para exigir su pago. La energética española apuesta por un diálogo futuro para abordar estos asuntos cuando Venezuela disponga de más recursos e ingresos fiscales.
Paralelamente, Repsol ha comenzado a recibir cargamentos de crudo venezolano en España, que llegan como pago en especie por deudas pendientes actuales. Esta fórmula permite mantener la relación comercial mientras el país suramericano avanza hacia una recuperación que le permita afrontar sus compromisos financieros.
Además, la compañía ha subrayado su capacidad para garantizar el suministro de queroseno en España en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica en el Golfo Pérsico y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz debido a las tensiones con Irán. Imaz destacó que Repsol puede cubrir la demanda nacional y mantener un excedente del 20-25%, asegurando así que no habrá desabastecimiento en las próximas semanas y meses.
Frente a estos retos, Repsol ha invertido más de 1.500 millones de euros desde marzo para reforzar su abastecimiento energético, un esfuerzo que refleja la preocupación por la seguridad de suministro en la península ibérica y la región europea.
En este contexto, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, defendió en la misma junta una visión equilibrada sobre la transición energética. Criticó la idea de reemplazar los combustibles fósiles exclusivamente por energías renovables, y abogó por diversificar las fuentes de energía, incluyendo el petróleo y el gas, cuyos papeles consideró fundamentales y que no deben subestimarse en el debate público.
Brufau también insistió en la importancia de mantener relaciones sólidas con Estados Unidos, un aliado estratégico con valores democráticos compartidos, frente a otras potencias con intereses expansionistas.
Sobre la política de dividendos, la junta aprobó un pago de 0,551 euros brutos por acción para 2025 que será abonado en julio, además de otro dividendo de 0,53 euros para enero de 2027, reflejo de la solidez financiera de la empresa.
Pese a estos avances, Repsol enfrenta un nuevo desafío legal. La Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por supuesto abuso de posición dominante a raíz de los descuentos anticrisis aplicados por Repsol. Esta controversia revive un conflicto previo sobre las gasolineras low cost que ya terminó con una multa de más de 20 millones contra la petrolera.
En suma, la jornada de la junta general evidenció las estrategias de Repsol para navegar por un entorno global complejo marcado por incertidumbres políticas y económicas, especialmente en Latinoamérica y Oriente Medio, mientras busca sostener su posición en el mercado europeo y proteger su cadena de valor frente a presiones regulatorias.