La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que Ineco, la ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes, cumple con los requisitos legales para ser considerada un medio propio de la Administración Pública. Esta decisión judicial rechaza las denuncias de Ingeniería privadas que alegaban que Ineco incurría en competencia desleal.

Varias patronales del sector, entre ellas Acalinco y Ageinco, habían presentado un recurso para impedir que Ineco siguiera realizando encargos amparados previamente como encomiendas de gestión. Según estas entidades, la ingeniería pública incumplía lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Estado, que regula el control y la actividad principal de las entidades consideradas medio propio.

No obstante, los tribunales han determinado que no se han aportado pruebas objetivas que demuestren esa supuesta irregularidad. El juez destacó que no basta con sospechas sino que es imprescindible un grado suficiente de certeza para probar el incumplimiento legal. En concreto, el artículo exige que Ineco esté bajo un "control análogo conjunto", en este caso ejercido por Renfe, Enaire y Adif, y que más del 80% de su actividad esté destinada a estos organismos o entidades vinculadas, lo que se conoce como la regla 80/20.

La sentencia sostiene que Ineco ha cumplido con estos requisitos, basándose en documentación, informes y pruebas periciales presentadas, que incluyen indicadores fiables como el volumen de negocio. La Audiencia también descartó que la actividad internacional de la empresa pueda cuestionar su condición como medio propio. Además, impuso las costas del proceso a las patronales demandantes.

A pesar de este revés judicial en España, las asociaciones que representan a las ingenierías privadas siguen buscando vías para limitar el impacto de las empresas públicas. A principios de 2024, el CIES presentó una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Unión Europea acusando a Ineco de fijar tarifas por encima del mercado y recibiendo ayudas de Estado ilegales. También critican que Ineco y Tragsa adjudican proyectos que podrían ser realizados por el sector privado mediante procesos competitivos, alegando que no responden a situaciones de urgencia.

El debate sobre el papel de las empresas públicas en la ingeniería española refleja tensiones crecientes entre el sector privado y organismos estatales. Las ingenierías públicas, como Ineco, defienden que su marco jurídico les permite realizar encargos de interés general, mientras que las privadas reclaman condiciones equitativas para competir en igualdad de condiciones.

Este desenlace judicial reafirma la figura de medio propio, regulada en la Ley de Contratos, como una herramienta clave para que la Administración pueda encargar trabajos técnicos sin recurrir a licitaciones abiertas. La resolución sirve también para despejar dudas sobre el uso de las encomiendas y limitar la argumentación de competencia desleal contra Ineco.

En un contexto donde la ingeniería juega un papel estratégico en infraestructuras públicas y proyectos de transporte, preservar la legalidad y transparencia en la contratación es clave para evitar distorsiones del mercado. Mientras tanto, las críticas y denuncias seguirán alimentando el debate sobre el peso relativo de lo público y lo privado en este sector.