El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una nueva pieza dentro del denominado 'caso Begoña Gómez', que involucra a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta nueva línea de investigación se centra en dos presuntos delitos: prevaricación y fraude en los intereses de la Unión Europea. Estos hechos estarían ligados a supuestas irregularidades en contratos financiados con fondos europeos.

Según una providencia judicial a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha ordenado la apertura de una investigación separada y ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe sobre la tipicidad de estos hechos. El contrato bajo sospecha corresponde a un proceso de licitación llevado a cabo por Red.es, una entidad pública, en junio de 2020.

Esta licitación fue adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next, empresa vinculada a Juan Carlos Barrabés —también investigado en el caso— y KPMG. El contrato, valorado en 4,05 millones de euros, estaba destinado a servicios de apoyo y asesoramiento. Según un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el procedimiento presentó irregularidades en la valoración de ofertas.

El informe de la UCO señala que el documento de valoración omitió deliberadamente la ausencia de un elemento esencial exigido en los pliegos: el llamado Libro Blanco. Los investigadores destacan que la UTE de KPMG e Innova Next no adjuntó esta documentación necesaria en la licitación, pero esa falta fue ocultada en los informes de valoración para que no fuera detectada por otros competidores, lo que supone un presunto fraude.

Las sospechas crecieron tras el análisis de correos electrónicos relacionados con los contratos investigados por la Fiscalía Europea, que en 2024 asumió parte de la investigación vinculada a adjudicaciones realizadas por Red.es con fondos Next Generation. La Fiscalía se centró en contratos en los que participó la empresa de Barrabés, financiados con fondos europeos, bajo circunstancias cuestionables.

Este desarrollo se suma al marco más amplio del caso, en el que Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez con jurado popular por delitos como apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. En la audiencia preliminar más reciente, celebrada hace pocos días, también estaban imputados su asesora Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés.

Durante esa vista, las acusaciones solicitaron medidas cautelares para Gómez, como la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado. Sin embargo, estas medidas aún no han sido resueltas por el juez.

El juez también investiga presuntos delitos relacionados con el tráfico de influencias de la esposa del presidente en beneficio de Barrabés, su gestión en una cátedra universitaria y la supuesta apropiación indebida de software de esa cátedra. Además, analiza el nombramiento de su asesora Cristina Álvarez en el Palacio de la Moncloa. Todo apunta a un entramado complejo que involucra responsabilidades sobre contratos públicos financiados con fondos europeos.

El caso sigue abierto y la evolución de esta nueva pieza procesal podría implicar mayores novedades en los próximos meses, dado el papel relevante de las adjudicaciones y la financiación europea en la causa. La transparencia y el buen uso de fondos públicos se mantienen en el centro del debate judicial, mientras la investigación avanza.

Más información sobre el desarrollo de la causa está disponible en fuentes como Europa Press y en las resoluciones de la Fiscalía Europea.