La presión fiscal sobre los salarios y las pensiones en España ha alcanzado cotas nunca vistas. Según datos provisionales publicados por la Agencia Tributaria, el tipo efectivo medio que soportan los trabajadores ha pasado del 15,5% en 2019 al 17,5% previsto para 2025. Las pensiones siguen la misma tendencia: el gravamen medio sobre las prestaciones se sitúa en el 10,4%, más de dos puntos por encima del nivel anterior a la pandemia. En conjunto, la carga media del IRPF ha escalado hasta el 15,1%, casi dos puntos y medio más que hace apenas seis años.
Detrás de este repunte hay una combinación de factores que los economistas llevan tiempo advirtiendo. El primero y más determinante es la llamada progresividad en frío: cuando los salarios suben en términos nominales para compensar la inflación, pero la estructura del impuesto no se actualiza, los contribuyentes acaban pagando más sin que su poder adquisitivo real haya mejorado. Entre 2020 y 2025, el índice de precios al consumo acumuló una subida del 23,5%, mientras el Ministerio de Hacienda optó por no deflactar el IRPF.
Por qué sube el impuesto sin que suban los tipos
Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid e investigador en Fedea, lo explica con claridad: cuando los tramos, los mínimos exentos y las deducciones no se actualizan con la inflación, los contribuyentes escalan posiciones en la tarifa aunque no hayan ganado capacidad de compra. Es una subida de impuestos encubierta, técnica, que no requiere que el Gobierno apruebe ningún cambio explícito en los tipos marginales.
María Cadaval, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, lo llama directamente el impuesto de la inflación. En sus palabras, la no actualización de los elementos principales del tributo hace que el impuesto grave como subidas reales lo que en realidad son únicamente incrementos de renta nominal. Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, coincide en el diagnóstico y alerta de que la ausencia de mecanismos automáticos de actualización produce efectos perniciosos en el conjunto del sistema tributario.
El mercado laboral y las pensiones, como aceleradores
A la progresividad en frío se suma el buen comportamiento del mercado laboral. Hay más personas empleadas, los salarios nominales son más elevados y el efecto arrastre de las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional ha elevado las bases imponibles de muchos trabajadores. Además, las rentas del trabajo tienen cada vez más peso dentro del total de ingresos declarados y tributan a tipos más altos que otras fuentes de renta, como las ganancias patrimoniales o los rendimientos del capital.
En el caso de las pensiones, la dinámica es similar. La revalorización de las prestaciones para contrarrestar la inflación ha hecho que muchos pensionistas que antes estaban por debajo del umbral de tributación superen ahora el mínimo legal y estén obligados a declarar. Al mismo tiempo, quienes ya tributaban pueden haber saltado a tramos superiores sin experimentar una mejora real en su nivel de vida.
Los números son contundentes. En 2025, las rentas brutas salariales de los hogares españoles superaron los 540.000 millones de euros, un 6% más que el año anterior y un 40% por encima del dato de 2019. Las pensiones sumaron casi 205.000 millones de euros en el mismo ejercicio. Todo ello ha permitido que la recaudación del IRPF supere los 325.000 millones de euros, también un récord histórico.
La posición del Gobierno
El Ejecutivo ha defendido hasta ahora no deflactar el impuesto con el argumento de que una actualización generalizada de los tramos beneficiaría de forma desproporcionada a las rentas más altas. En su lugar, ha optado por medidas focalizadas en los contribuyentes de menor renta, como la ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo o deducciones específicas para los perceptores del salario mínimo.
Sin embargo, organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Banco de España han puesto sobre la mesa el diagnóstico de la subida pasiva del IRPF, señalando que el incremento de la presión fiscal efectiva no responde a una decisión legislativa explícita, sino a la inercia de la inflación y a una estructura impositiva que no se ha adaptado a la nueva realidad de precios. El debate sobre si deflactar o no el impuesto, y cómo hacerlo de forma equitativa, sigue abierto en España.