El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en la redacción de un real decreto ley que permitirá reactivar la jubilación parcial de los empleados públicos con categoría de personal laboral. Aproximadamente 700.000 trabajadores llevan meses con sus planes de retiro anticipado bloqueados, la mitad de ellos vinculados a ayuntamientos y universidades.

El bloqueo arranca de un cambio legislativo que entró en vigor en abril de 2025. Desde ese momento, las administraciones están obligadas a contratar trabajadores relevistas con contrato fijo a jornada completa para cubrir la parte de jornada que deja libre el empleado que se jubila parcialmente. El problema es que las administraciones públicas no pueden cumplir esa condición con la flexibilidad que sí tienen las empresas privadas, por lo que los retiros quedaron en suspenso de forma generalizada.

El desbloqueo y las fórmulas acordadas

El principio de acuerdo alcanzado entre los sindicatos CC OO y UGT con los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública contempla dos vías para que las administraciones puedan contratar a esos relevistas sin infringir la ley. La primera opción es que el relevista sea un candidato que ya haya superado un proceso selectivo previo. La segunda permite contratar a un interino cuya plaza quedará vinculada a la oferta pública de empleo correspondiente. Ambas fórmulas pretenden dar una salida legal a una situación que ha dejado a miles de trabajadores sin poder planificar su salida del mercado laboral.

La jubilación parcial en el sector público permite adelantar la edad de retiro entre dos y tres años a cambio de reducir jornada y salario de forma proporcional. El hueco que deja ese trabajador debe ser cubierto por otra persona mediante un contrato de relevo, de ahí la exigencia del relevista que ha generado el atasco.

Este decreto fue uno de los temas centrales de la reunión del diálogo social sobre pensiones celebrada este lunes, en la que participan el Gobierno, los sindicatos mayoritarios y las organizaciones empresariales. La mesa llevaba dos meses paralizada precisamente por esta cuestión y por otra relacionada con los coeficientes reductores aplicados a jubilados anticipados con bases reguladoras altas. Este segundo problema ya ha sido resuelto a través de una instrucción del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ha ordenado revisar de oficio las pensiones afectadas desde enero de 2025.

Qué se incluirá y qué queda fuera

El secretario confederal de Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, ha señalado que los sindicatos reclaman al Gobierno que el decreto amplíe la jubilación parcial también a funcionarios de carrera, interinos y personal estatutario. Sin embargo, esa medida forma parte de una enmienda a la Ley de Función Pública cuya tramitación está atascada en el Parlamento, lo que complica su inclusión en el decreto ley.

Desde los sindicatos se insiste en que el texto solo debe recoger medidas con amplio consenso parlamentario, dado que un real decreto ley debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el mes siguiente a su publicación en el BOE. Cualquier medida polémica podría poner en riesgo la aprobación de todo el paquete.

Entre las posibles medidas adicionales que podrían sumarse, y que cuentan con más probabilidades de reunir el respaldo necesario, figuran el reconocimiento de pensiones de viudedad para parejas no inscritas como tal pero con hijos y convivencia acreditable, y la aplicación de coeficientes de jubilación anticipada sin recortes para los tripulantes de cabina de pasajeros del sector aéreo, según ha apuntado la responsable de Seguridad Social de UGT, Cristina Estévez.

Las bajas laborales, el otro frente pendiente

Más allá de las jubilaciones, la mesa de diálogo también aborda la gestión de las incapacidades temporales (IT), un asunto donde las posiciones están lejos de converger. Los sindicatos han presentado dos propuestas que el propio Bravo reconoce que no serán fáciles de negociar.

La primera exige que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social pasen a ser plenamente públicas, incluida su dirección. La segunda plantea que las mutuas estén obligadas a tratar hasta la curación las enfermedades musculoesqueléticas que los trabajadores relacionen con su actividad profesional, y que solo una vez recuperados el trabajador puedan reclamar los costes a la sanidad pública si consideran que la dolencia no tenía origen laboral.

El Ministerio de Seguridad Social se ha comprometido a trasladar a los agentes sociales una propuesta renovada en materia de gestión de bajas, incorporando las aportaciones de la última reunión. Sin embargo, desde el lado empresarial el optimismo es escaso: fuentes de las organizaciones patronales señalaron que la jornada de este lunes no arrojó ningún avance concreto en este capítulo.