El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que crea un marco normativo para retribuir a las instalaciones de cogeneración industrial en España, valorado en unos 6.000 millones de euros. Este plan busca revitalizar centros industriales que obtienen energía eléctrica a partir del calor sobrante de sus procesos productivos y que actualmente operan en unas 100 grandes empresas.

Estas plantas están presentes en sectores como la petroquímica, siderurgia, papelera y alimentaria, y permiten una eficiencia energética relevante al aprovechar recursos térmicos que en otro caso se desperdiciarían. Algunas empresas beneficiadas incluyen Azucarera, BP, Cargill, Repsol, Seat, Unilever y Saica, entre otros grupos industriales.

El esquema aprobado regula una retribución específica para estas instalaciones que antes se asignaba anualmente y que llegó a superar los 1.000 millones de euros en los mejores momentos. Sin embargo, dicha compensación fue perdiendo vigencia para muchas plantas que agotaron su vida útil regulatoria, lo que propició la necesidad de un programa a largo plazo que asegure su renovación y operatividad.

La industria papelera, una de las principales usuarias de cogeneración con 876 MW instalados, aplaude el real decreto. Destacan que esta tecnología es esencial tanto para cubrir la demanda térmica como eléctrica en sus procesos, generando ahorros de energía primaria y reduciendo emisiones. Sin cogeneración, el sector se volvería más vulnerable a la volatilidad del mercado eléctrico y tendría dificultades para avanzar en su proceso de descarbonización y garantizar la competitividad energética.

Para optar al nuevo régimen retributivo, las empresas deberán participar en dos subastas previstas para 2024 y 2027, que adjudicarán en total 1.200 MW de potencia de cogeneración. Los solicitantes tendrán que comprometerse a renovar sus instalaciones con centrales de alta eficiencia que funcionen con gas natural o, por primera vez, con biomasa, y que estén preparadas para incluir al menos un 10% de hidrógeno renovable en su combustible.

La vida útil establecida para estas plantas será de 12 años para las que operen con gas natural y 20 años para las que usen biomasa, lo que supone un impulso hacia tecnologías más limpias y flexibles. La retribución para cubrir el coste del sistema eléctrico por estos 1.200 MW se estima entre 414 y 582 millones de euros, un importe que deberán asumir los usuarios de la red.

Este megaplan de salvamento energético responde a la voluntad del Ministerio para la Transición Ecológica, con Sara Aagesen al frente, de reforzar la cogeneración como herramienta estratégica para mejorar la eficiencia industrial, reducir la dependencia energética y promover la sostenibilidad en un contexto de transición energética.

La vigencia y estabilidad del nuevo marco permitirán a las grandes compañías recuperar la inversión en la actualización de sus plantas, garantizando su funcionamiento futuro y contribuyendo a los objetivos climáticos de España y Europa. Además, la inclusión del hidrógeno renovable en la planificación abre una ventana para incrementar el papel de las energías limpias en el sector industrial.

Este plan se presenta en un momento clave, pues la industria española enfrenta importantes retos derivados del aumento de costes energéticos y la necesidad de adaptar sus procesos a estándares más sostenibles. La acogida positiva del sector industrial, especialmente de papeleras y empresas energéticas, apunta a que esta medida podría ser un motor relevante para la competitividad y descarbonización a medio plazo.

Para más detalles sobre la cogeneración y su impacto, se recomienda consultar el informe disponible en Ministerio para la Transición Ecológica y los análisis especializados de Expansión, que adelantaron este plan con datos detallados.