El Tribunal de Cuentas ha revisado la Cuenta General del Estado de 2024 y emitió un informe favorable, pero subrayando ciertas irregularidades en la administración financiera. Una de las más destacadas es el empleo de 2.389,4 millones de euros de fondos europeos sobrantes para cubrir el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
Esta decisión respondió a la interpretación de que no comprometía el plan de recuperación ni la capacidad de absorción del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia. Sin embargo, el Tribunal destacó que los fundamentos jurídicos que sustentan esta práctica deberían haberse explicitado mejor para garantizar transparencia y legalidad, según un comunicado oficial emitido este martes.
El uso de fondos europeos para gastos estructurales como las pensiones refleja las dificultades derivadas de la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados para 2024. Esta falta obligó a efectuar modificaciones presupuestarias destinadas a cubrir un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros, los cuales, de no haber contado con un buen comportamiento de ingresos, se habrían financiado principalmente con deuda pública.
Además, el informe alerta sobre la persistencia del patrimonio neto negativo en el sistema de la Seguridad Social, que acumula una deuda de 106.138,7 millones de euros a cierre de 2024. Este déficit se financia en gran medida con préstamos del Estado, que suman 126.170,2 millones, representando un 7,91% del PIB. El Tribunal advierte una vez más sobre la necesidad urgente de implementar medidas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
Otro punto crítico es el déficit estructural en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, gestionada por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Esta gestión deficitara presenta una desviación de 2.677,3 millones de euros, lo que añade presión sobre las finanzas públicas y la capacidad de cobertura social.
La declaración de la Cuenta General aprobada contó con un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativos, lo que refleja discrepancias internas respecto al diagnóstico y las medidas recomendadas. El Tribunal concluye que el documento fiscal representa adecuadamente la situación económica y patrimonial del sector público estatal, aunque señala ciertas salvedades que incluyen sobrevaloración de resultados presupuestarios y errores en la contabilización y valoración de deudas tributarias y con la Seguridad Social.
Estas observaciones se insertan en un contexto más amplio de reto fiscal, donde España debe equilibrar la utilización de fondos europeos con el control de las obligaciones sociales y el mantenimiento de la confianza en la gestión financiera pública. Para más detalles, puede consultarse el informe oficial del Tribunal de Cuentas.
El desafío ahora está en evitar que este tipo de prácticas se conviertan en solución habitual para cubrir déficit estructurales y en garantizar que los fondos europeos se empleen conforme a sus objetivos específicos de recuperación y resiliencia, potenciando la estabilidad del sistema social y financiero del país.
Para comprender mejor las implicaciones en seguridad social, el informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrece un análisis complementario sobre la sostenibilidad del sistema en el marco actual.