La reciente iniciativa del Gobierno para regularizar a más de medio millón de inmigrantes ha reabierto el debate sobre la capacidad de España para sostener su sistema de pensiones frente al aumento del gasto público. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha asegurado en una entrevista con EXPANSIÓN que esta medida, aunque necesaria, no resolverá las dificultades estructurales del sistema.
Según De la Fuente, la incorporación de trabajadores extranjeros resultan imprescindibles para cubrir puestos laborales poco demandados por la población española, aportando cotizaciones que financian el pago presente de pensiones. Sin embargo, advierte que estos trabajadores "casi seguro acabarán jubilándose aquí y recibirán pensiones más generosas de lo que sus cotizaciones justifican" por la alta rentabilidad que el sistema está pagando actualmente. Esto hace que la regularización solo compre tiempo sin corregir el problema fundamental.
Esta advertencia viene respaldada por un informe conjunto de Fedea y Ageingnomics de la Fundación Mapfre, que evidencia un sistema favorecedor de las generaciones mayores, donde las pensiones superan claramente lo que se recauda vía cotizaciones. De la Fuente resalta que el sistema cuenta con un subsidio creciente desde impuestos generales para cubrir el desfase entre ingresos y prestaciones, acercándose a 50.000 millones anuales y aumentando. Esto afecta la política fiscal del Gobierno y limita el margen para atender otras necesidades esenciales como sanidad, transporte y dependencia.
Respecto a la sostenibilidad demográfica del sistema, De la Fuente señala que "el sistema es sostenible políticamente porque nadie se atreve a reducir las pensiones", especialmente por la presión electoral de los pensionistas. Pero sostiene que esta situación deja sin recursos otras prioridades básicas y que para garantizar la viabilidad del conjunto del gasto público es necesario equilibrar las diferentes partidas y reformar la estructura de las prestaciones.
Además, considera que no hay mucho espacio para bajar impuestos en un contexto de ingresos récord, pero apuesta por reformas fiscales que incluyan la deflactación del IRPF y por cerrar vacíos y excepciones en el sistema tributario, como los tipos reducidos de IVA o el régimen de módulos. Estas medidas ayudarían a racionalizar la recaudación sin comprometer la suficiencia financiera del Estado.
En materia de financiación autonómica, De la Fuente subraya la incertidumbre que rodea al nuevo modelo previsto por el Gobierno y el acuerdo con Esquerra Republicana. Cree que aunque hay avances, el riesgo de implantar un sistema con cupo catalán persistente podría provocar una fragmentación y distorsión financiera entre comunidades. Insiste en que la negociación debe avanzar para evitar dar mayor autonomía financiera indiscriminada, que podría afectar al equilibrio general.
España se enfrenta al reto de compatibilizar un sistema de pensiones generoso con la capacidad del Estado para financiar otros servicios públicos fundamentales y mantener la cohesión territorial. La regularización de inmigrantes, aunque positiva para la economía y el mercado laboral, no es la panacea: sin cambios profundos en la estructura y financiación del sistema de pensiones, los problemas se mantendrán o agudizarán en el futuro cercano.