La Unión Europea avanza con fuerza hacia la descarbonización de su economía para 2050. Sin embargo, la implementación de impuestos ambientales genera incertidumbre entre las empresas, especialmente en relación a su impacto sobre la competitividad y la estabilidad del tejido industrial.

Durante un encuentro del Observatorio Fiscal Expansión, patrocinado por Santander, varios expertos debatieron el delicado equilibrio entre los objetivos climáticos y las necesidades de las compañías. Señalaron que la complejidad normativa y la falta de claridad a largo plazo pueden provocar una pérdida de inversión y empleo en el continente.

Luis Leis, profesor de IE Law School, resaltó la desconexión actual entre la teoría fiscal y la realidad empresarial. "La fiscalidad verde en ocasiones se aplica de forma aproximada porque las reglas son difíciles de verificar". Subrayó la importancia de proceder con humildad para reconocer que los marcos vigentes no están dando los resultados esperados y que es necesario replantear el sistema desde cero.

Leis explicó que estos tributos no buscan principalmente recaudar dinero, sino erradicar comportamientos contaminantes. Sin embargo, esto puede provocar efectos negativos como la deslocalización de emisiones contaminantes o la pérdida de mercado frente a terceros países con regulaciones menos estrictas. Puso como ejemplo las tasas locales de recogida de residuos, cuyo cálculo basado en valores catastrales no siempre refleja correctamente quién contamina más.

Desde la industria, Fernando Bonastre, director en Repsol, defendió que la fiscalidad verde debe apoyarse en la neutralidad tecnológica, evitando favorecer una solución frente a otra. "Los incentivos fiscales deben premiar los resultados en reducción de emisiones, no la tecnología elegida". Bonastre insistió en que las políticas fiscales son clave para atraer inversión que permita reindustrializar el continente, garantizando empleo de calidad, suministro seguro y precios accesibles.

Recordó que otros países europeos ya han avanzado eliminando impuestos que penalizan a combustibles renovables avanzados o flexibilizando las condiciones para incentivos a la inversión en I+D+i, sobre todo en el Impuesto de Sociedades. En su opinión, España debería seguir esos ejemplos para no perder terreno competitivo.

Nicolás Bonilla, abogado experto en fiscalidad, analizó los problemas operativos derivados de la elevada complejidad de la normativa ambiental en Europa. Destacó que instrumentos como el CBAM o el impuesto al plástico imponen cargas administrativas desproporcionadas que disparan el costo de cumplimiento, superando en ocasiones el valor del propio tributo.

Este exceso normativo puede erosionar la posición exportadora europea, ya que las empresas quedan en desventaja frente a competidores que operan bajo criterios menos exigentes. Bonilla propuso simplificar las leyes y abrir vías alternativas para reducir costes innecesarios. E insistió en la necesidad de diálogo previo con la industria para garantizar la viabilidad económica de las medidas.

Los retos para una fiscalidad verde eficaz

La fiscalidad verde europea se enfrenta a dos retos principales: respetar la seguridad jurídica para atraer inversión y promover una competencia justa basada en la neutralidad tecnológica. La dificultad radica en diseñar políticas que reduzcan emisiones sin sacrificar la evolución industrial ni el empleo.

En este contexto, son necesarias reformas que simplifiquen las normas y ofrezcan certidumbre a largo plazo. De lo contrario, la legislación ambiental, por muy bien intencionada que esté, puede derivar en pérdida de competitividad y deslocalización de actividades económicas hacia países con regulaciones más laxas.

Sostenibilidad y economía: un equilibrio posible

La transición hacia una economía descarbonizada es inevitable y fundamental para combatir el cambio climático. Pero su éxito depende tanto de la ambición de los objetivos climáticos como del pragmatismo en su implementación fiscal.

Una fiscalidad verde coherente, que integre a todos los actores, reduzca la burocracia y fomente incentivos basados en resultados, puede ser la clave para mantener la industria europea fuerte y sostenible, garantizando empleo y acceso a productos asequibles.

La experiencia de países vecinos que han ajustado sus impuestos con flexibilidad y enfoque a la innovación puede servir de modelo para España y el resto del continente. Ellos demuestran que es compatible caminar hacia la descarbonización sin sacrificar la competitividad global.

La reflexión planteada en el Observatorio Fiscal Expansión apunta a un consenso: el diseño inteligente y realista de la fiscalidad ambiental será decisivo para que Europa combine sus metas ecológicas con un crecimiento económico sostenible y estable.