El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva ronda de aranceles que entran en vigor este viernes y afectan a productos de más de 60 países. Estas tarifas, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, sustituyen a las anteriores que expiraban y buscan castigar a los países que no han mejorado su regulación contra el trabajo forzoso.

La nueva batería comercial toma como base una investigación que identifica deficiencias en la protección contra el trabajo forzoso, según informó el Departamento de Comercio estadounidense. Los países con mínimos controles o compromisos de mejora reciben un arancel del 10%, mientras que aquellos sin normativa aplicable enfrentan un 12,5%.

Estados Unidos fundamenta esta medida en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite responder a prácticas comerciales discriminatorias o perjudiciales para el comercio estadounidense. Esta ofensiva se da en un contexto tenso global, con conflictos en Oriente Próximo y tensiones en mercados energéticos, que complica aún más la coyuntura internacional.

La lista de países afectados incluye a Argentina, Bangladesh, Canadá, India, México, Reino Unido, entre otros. Para la Unión Europea, las tarifas aplicadas serán del 10% sobre productos que no tengan ya aranceles equivalentes, evitando duplicidades que perjudiquen las relaciones comerciales.

Este nuevo paquete llega tras la anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de los aranceles masivos que Trump impuso inicialmente, por no contar con la aprobación del Congreso. Después, Trump ejecutó otra ronda bajo una ley diferente con vigencia limitada a 150 días, cuyo plazo expira esta semana sin que el Parlamento haya respaldado su continuidad.

Con las elecciones legislativas estadounidenses a la vista y la falta de apoyo en el Congreso, Trump opta por una estrategia renovada usando la justificación del trabajo forzoso para mantener y extender la presión arancelaria a decenas de naciones.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió estas medidas como una respuesta necesaria para proteger los derechos humanos y combatir prácticas comerciales distorsionadoras, destacando que Estados Unidos prohibe hace casi un siglo la importación de productos vinculados a trabajo forzoso.

Analistas señalan que estas medidas amplían la guerra comercial que ha marcado la administración Trump, con un impacto destacado en las cadenas globales de suministro y en las relaciones diplomáticas con socios estratégicos.

Para los países beneficiarios de los aranceles más bajos, la clave está en demostrar avances rápidos en la legislación y aplicación de controles que eliminen el trabajo forzoso, mientras que quienes no cumplan verán aumentada su carga impositiva significativamente.

Esta nueva fase arancelaria coincide con un panorama internacional complicado por la escalada en Oriente Próximo, que junto con la presión comercial complica la estabilidad económica mundial y la popularidad del liderazgo estadounidense en un año electoral clave.

Las medidas de Trump presionan a los gobiernos a acelerar reformas en derechos laborales, están generando preocupación por posible represalia y alteraciones en el comercio global. Los efectos de este último paquete se evaluarán en los próximos meses, mientras la política arancelaria estadounidense sigue siendo uno de los principales focos de incertidumbre comercial.