Después de cinco años desde el inicio del plan Next Generation EU, diseñado para reactivar la economía de la Unión Europea tras la pandemia, España encara su última fase de ejecución. Bruselas ha fijado el 31 de agosto como fecha límite para que los países miembros consumen los fondos asignados pendientes, habilitando la solicitud del séptimo y último pago durante septiembre.
El retraso en la asignación y adjudicación de los fondos en España es todavía significativo. Según el análisis del Plan de Recuperación español, presentado por EY Insights, existe una brecha estructural de 27.315 millones de euros entre los 90.718 millones convocados y los 60.403 millones efectivamente adjudicados. Esta diferencia ha aumentado en las fases posteriores de ejecución debido a la complejidad de gestionar ayudas a beneficiarios privados frente a transferencias directas entre administraciones.
Este contexto obliga al Gobierno a implementar una "ejecución de urgencia" para que los apoyos financieros lleguen al tejido productivo antes del cierre del plazo y se cumplan los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. De no hacerlo, España arriesga no obtener el último desembolso, que representa 24.400 millones en ayudas directas, aunque parte podrían abrirse a créditos blandos, renunciables según la estrategia del Ejecutivo.
Además, diferentes casas de estudios – Funcas, BBVA Research, CaixaBank Research y EsadeEcpol – denuncian ciertas ineficiencias en la aplicación de estos recursos. A pesar del impacto positivo en la recuperación económica, con los Next Generation representando hasta un 14% del crecimiento del PIB entre 2021 y 2025, la productividad vinculada a estos fondos solo ha mejorado marginalmente, con un crecimiento real del PIB por persona ocupada de apenas dos décimas. La inversión privada, por su parte, sigue un 3,3% por debajo de los niveles prepandemia a cierre de 2023, lo que señala un crecimiento extensivo pero no intensivo, según Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, experto de EsadeEcpol.
El Gobierno confía en que la llegada de los dos pagos restantes, iniciando por el sexto, estimado en más de 7.000 millones en ayudas directas, contribuya a elevar la previsión de crecimiento económico para 2026 a un 2,6%, como ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Actualmente, Bruselas evalúa el cumplimiento de los hitos para desbloquear esta sexta entrega, cuya decisión se espera en pocos días.
Mirando más allá, el futuro del impulso europeo requerirá consolidar el legado de los Next Generation en forma de reformas estructurales y nuevas sinergias público-privadas que sostengan el crecimiento a largo plazo. Para ello, España prepara el fondo soberano "España Crece", con una dotación de alrededor de 13.000 millones procedentes de los fondos NextGen y un objetivo total de 120.000 millones.
Sin embargo, expertos advierten que antes de avanzar en nuevas iniciativas es necesario corregir fallos detectados, como la burocracia excesiva en la gestión y la necesidad de simplificar procesos para acelerar la llegada de préstamos y ayudas a las empresas. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, subraya la urgencia de introducir reformas que permitan realizar muestreos técnicos en lugar de exhaustivos controles y mejorar la coordinación entre el ICO y la banca comercial.
A menos de dos meses para el cierre del plazo de ejecución, España encara un desafío complejo: intensificar la canalización de fondos hacia el sector productivo y cumplir con los 66 hitos restantes para asegurar el séptimo y último pago de los Next Generation. Este desenlace marcará el cierre de un ciclo clave para la recuperación pospandemia y sentará las bases para el futuro crecimiento económico del país.
Para profundizar, puede consultarse el último análisis de EY Insights y la evaluación de los hitos en el portal del Ministerio de Economía, donde se detalla el proceso de solicitud y cumplimiento europeo.