El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), un organismo que centralizará todos los controles, inspecciones y sanciones relacionados con el blanqueo de capitales en España. Esta medida busca renovar y adaptar la normativa vigente, que no se actualizaba en profundidad desde 2010, al nuevo marco europeo aprobado en 2024.
La Anifi aglutinará funciones que hasta ahora estaban dispersas, incluyendo las tareas de inteligencia financiera, supervisión e inspección, así como la potestad sancionadora y el control de sanciones financieras internacionales. Además, asumirá responsabilidades inéditas en España, como la supervisión sobre la financiación de armas de destrucción masiva. La creación de esta autoridad también responde a la necesidad de contar con un interlocutor único español ante la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (Amla), alineándose con las tendencias internacionales de concentración de funciones para mejorar la eficiencia y eficacia en la lucha contra delitos financieros.
Esta autoridad se integrará dentro de la estructura del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), institución con la que compartirá recursos humanos y organizativos. La presidencia de la Anifi fue propuesta para Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro y Política Financiera, lo que refuerza la interconexión con el ámbito financiero estatal. La plantilla inicial rondará los 250 empleados, procedentes del Frob, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y del Tesoro.
En cuanto a su presupuesto, se ha estimado en unos 50 millones de euros anuales, financiados a través de una nueva tasa que se aplicará a los sujetos obligados bajo licencia administrativa, principalmente entidades financieras y operadores de juego. De esta manera, la autoridad operará sin necesidad de asignación presupuestaria directa del erario público, un modelo que busca garantizar independencia y autofinanciación.
La reforma que impulsa la Anifi también incorpora por primera vez a los criptoactivos dentro del ámbito de supervisión y control en la lucha contra el blanqueo. Los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y hasta los clubes y agentes de fútbol profesional han sido incluidos expresamente como sujetos obligados a cumplir con la normativa. Esta ampliación responde a la creciente complejidad del entorno financiero y a la sofisticación de las redes criminales, que utilizan nuevas tecnologías para ocultar y mover fondos ilícitos.
Esta evolución normativa se enmarca dentro del compromiso de España para alinearse con los criterios establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organismo intergubernamental que fija los estándares globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La integración de nuevos sectores y el reforzamiento de mecanismos de control reflejan la intención de cumplir con los estándares internacionales más recientes y mejorar la eficacia de la supervisión.
Entre las medidas destacadas del anteproyecto aprobadas, también se encuentra un endurecimiento en los requisitos de idoneidad para ejercer como sujeto obligado o para dirigir entidades dentro del ámbito regulatorio. Así, se restringirá la participación de personas condenadas por delitos relacionados con blanqueo, lo que reforzará la barrera contra el uso indebido de estructuras legales.
En paralelo, el anteproyecto fortalece la transparencia sobre la titularidad real de bienes y activos, ampliando las competencias de inspección y sanción del Registro Central. También se refuerza el control sobre los movimientos de efectivo, complementando las recientes medidas adoptadas contra el fraude fiscal. Esto apunta a una estrategia integral que une el control financiero con la lucha contra el crimen económico y la evasión de impuestos.
Este paquete legislativo se suma a otras iniciativas como la Ley de Integridad Pública, que trata de ampliar la transparencia y la regulación ética en la gestión pública y privada. En conjunto, España pretende fortalecer su marco legal para hacer frente con mayor coordinación y contundencia al blanqueo de capitales y otros delitos financieros, siguiendo el ejemplo de otros países europeos que han optado por centralizar estas funciones en modelos similares.
La creación de la Anifi supone un paso significativo para modernizar la prevención del blanqueo de capitales en España, adaptándose a los nuevos riesgos y desafíos que plantea un mundo financiero en constante evolución, donde las tecnologías digitales y los sectores emergentes requieren respuestas rápidas y coordinadas.
Puedes consultar en detalle el anteproyecto y las declaraciones del Gobierno en fuentes oficiales como el Ministerio de Economía y reportes especializados de medios como Expansión, para seguir la puesta en marcha y desarrollo de esta nueva autoridad.