El Govern de Salvador Illa y Esquerra Republicana de Catalunya han dado forma a uno de los acuerdos más relevantes de la legislatura: la creación de un consorcio que supervisará, controlará y gestionará las inversiones del Estado en Cataluña. Las bases del futuro organismo han sido presentadas junto a representantes del tejido económico catalán, entre ellos la patronal Pimec, el Círculo de Economía y la Cámara de Comercio de Barcelona, lo que le otorga un respaldo institucional y empresarial significativo desde el primer momento.

La estructura del consorcio contempla una representación paritaria: el Gobierno central y la Generalitat tendrán el mismo peso en la toma de decisiones. ERC, que llevará la creación formal del ente al pleno del Congreso a finales de abril, lo presenta como una herramienta para dotar a Cataluña de mayor autonomía real sobre los recursos que le corresponden. En palabras del presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el mecanismo dará a la Generalitat "más competencias, herramientas y recursos", una afirmación que resume bien la ambición política que hay detrás de la iniciativa.

Qué hace exactamente este consorcio

El funcionamiento previsto es concreto y tiene un impacto económico directo. Si el Estado no ejecuta antes de fin de año las inversiones comprometidas en los Presupuestos Generales para Cataluña, el consorcio absorbería ese importe pendiente y lo destinaría a los proyectos que considerase prioritarios. El propio Junqueras señaló que el punto de partida sería una nueva línea de Cercanías en Barcelona, una infraestructura que lleva años en el debate político catalán sin materializarse.

Este mecanismo responde a una queja histórica del independentismo y de buena parte del catalanismo: que el Estado aprueba inversiones para Cataluña que luego no ejecuta o ejecuta con años de retraso. El consorcio sería, en la práctica, una válvula de escape para que esos recursos no se pierdan o queden bloqueados en la burocracia central. La fórmula jurídica del consorcio, compartida entre administraciones, permite actuar sin necesidad de una reforma estatutaria o constitucional, lo que facilita su viabilidad a corto plazo.

El contexto político: presupuestos y negociaciones bloqueadas

Para entender el peso de este acuerdo hay que mirar al tablero político más amplio. El Govern retiró hace semanas el proyecto de presupuestos catalanes para ganar tiempo en las negociaciones, una decisión que en la práctica aplazaba cualquier avance hasta después de las elecciones andaluzas, donde el PSOE afronta un escenario complicado según todos los sondeos. ERC, mientras tanto, presionaba para obtener concreciones tangibles antes de seguir dando respaldo parlamentario al Govern socialista.

La principal demanda republicana sigue siendo el refuerzo de la Hacienda catalana, que incluye el traspaso de la gestión, recaudación e inspección del IRPF en Cataluña. Esta exigencia fue el precio que ERC puso para facilitar la investidura de Illa como president, y sigue sin resolverse. Los socialistas temen que vincular de forma explícita los presupuestos catalanes a plazos concretos sobre el IRPF les genere un problema político nacional, especialmente en un momento delicado para el PSOE fuera de Cataluña.

En ese contexto de bloqueo, el consorcio de inversiones actúa como un acuerdo parcial: no resuelve la cuestión de la Hacienda propia, pero sí desencalla una demanda relevante y permite a ambas partes presentar resultados ante sus respectivos electorados. Es el tipo de acuerdo que mantiene vivo un Govern sin mayoría propia.

Más allá del consorcio: el aeropuerto y el marco competencial

El anuncio del consorcio llega en paralelo a otro movimiento político de calado. Illa confirmó la semana pasada que la Generalitat participará de forma "bastante inmediata" en la gobernanza del Aeropuerto El Prat, otra demanda histórica del catalanismo que durante décadas no había encontrado respuesta en Madrid. Ambas medidas, el consorcio y la gobernanza del Prat, apuntan en la misma dirección: ampliar el margen de decisión de la Generalitat sobre infraestructuras y recursos económicos sin necesidad de reformar el Estatut, cuyo techo competencial ya fue elevado hace dos décadas con resultados desiguales.

Lo relevante desde un punto de vista estructural es que estas cesiones se producen sin un nuevo marco legal de fondo. El Govern y ERC están construyendo, acuerdo a acuerdo, una arquitectura de poder compartido que va más allá de lo que el Estatut de 2006 contempló en su día. Si el modelo consolida, puede servir de referencia para otras comunidades que reclamen mayor control sobre las inversiones del Estado en su territorio, lo que convierte este consorcio en algo más que un pacto bilateral entre PSC y ERC.

La pregunta que queda en el aire es si este tipo de acuerdos incrementales bastarán para sostener la legislatura, o si ERC acabará exigiendo avances concretos en el IRPF antes de que lleguen los próximos presupuestos. De momento, el consorcio es una pieza más en un puzzle que todavía está lejos de completarse.