El sector agrario español enfrenta una crisis provocada por la escalada en los precios de los fertilizantes, consecuencia del prolongado conflicto bélico en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, principal vía del 30% del suministro global de estos insumos. Esta situación tensiona la rentabilidad de cultivos esenciales, como el cereal de secano, y amenaza con un aumento generalizado de los costes en toda la cadena alimentaria.
Las asociaciones agrarias, como Asaja y UPA, alertan que los costes de producción se han disparado: cultivar una hectárea de secano ya ronda los 1.000 euros y el regadío puede llegar a los 3.000 euros, mientras que la facturación apenas supera los 700 euros por hectárea. Esta brecha en la rentabilidad hace que los agricultores consideren reducir la siembra de cereal o incluso abstenerse de plantar en la próxima campaña, que comienza en otoño, un problema sin precedentes en la agricultura nacional.
Este incremento de precios afectó especialmente desde el cierre del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el transporte global de fertilizantes. El coste del insumo ha llegado a más del doble en comparación con 2020 y un 30% superior respecto al año pasado, alcanzando hasta 800 euros por tonelada. La correlación entre el precio del petróleo y los alimentos es estrecha: un aumento del 50% en el barril Brent podría traducirse en incrementos de hasta un 20% en alimentos como el pan, la carne o la leche.
Las consecuencias de estos aumentos no se limitan a los cultivos, sino que afectan también a la ganadería, ya que el encarecimiento de los piensos podría disparar los precios de productos como la carne, los huevos o los lácteos. Aunque las estadísticas oficiales del IPC no reflejan aún completamente estas tendencias, el sector y la distribución ya anticipan graves impactos si no se adoptan medidas urgentes.
Desde el Gobierno y la Unión Europea se están preparando respuestas para contener esta crisis. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó un paquete de ayudas en marzo, aunque el sector lo considera insuficiente. Para el próximo 19 de mayo, la Comisión Europea planea anunciar un plan de acción que incluirá ayudas directas financiadas con fondos de emergencia, aportaciones estatales complementarias y posibles ajustes en la Política Agrícola Común (PAC). Este plan también contempla medidas si el bloqueo en Ormuz se mantiene, como la adaptación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).
Paralelamente, las asociaciones agrarias han convocado movilizaciones para exigir respuestas más contundentes. La coordinadora europea Copa-Cocega llevará su protesta a Estrasburgo el 19 de mayo, justo cuando se presente el plan comunitario, y el sector español se concentrará en Valladolid al día siguiente para reclamar medidas que garanticen la estabilidad del suministro y el poder adquisitivo de los consumidores.
Además de las medidas de apoyo económico, el ministro Luis Planas ha señalado la importancia de mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, reducir el empleo de productos fitosanitarios y evitar la erosión de suelos para mantener la productividad. Esto busca equilibrar la producción y evitar que las dificultades actuales se traduzcan en un aumento insostenible de los precios finales de alimentos básicos.
En definitiva, la combinación del conflicto global, las restricciones en el suministros de fertilizantes y los costes energéticos está tensionando un sector clave para España. Sin soluciones inmediatas, no solo la rentabilidad agrícola estará en riesgo, sino también la estabilidad de los precios en el mercado alimentario para los consumidores de todo el país.