Ebro EV Motors ha decidido no ejercer su opción de compra sobre la planta auxiliar de Montcada i Reixac, en Barcelona, y ha firmado un nuevo contrato de arrendamiento con Nissan por un periodo de diez años. La decisión, que ha sorprendido a los sindicatos, cierra por ahora cualquier posibilidad de que la empresa pase a ser propietaria de estas instalaciones, que explota en régimen de alquiler desde 2023.
La compañía, socia del grupo chino Chery, se adjudicó en aquel año tanto la planta de Montcada como la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, en el marco del proceso de reindustrialización impulsado tras el cierre de la multinacional japonesa. El acuerdo inicial con Nissan incluía un contrato de arrendamiento de tres años con opción de compra, plazo que acaba de vencer sin que Ebro haya optado por la adquisición.
Desde el entorno de la empresa justifican la decisión en términos financieros. Según fuentes cercanas a la compañía, el mantenimiento de condiciones económicas razonables y un horizonte temporal suficientemente largo permiten sostener los planes productivos para este centro sin necesidad de asumir una deuda derivada de la compra del inmueble. En otras palabras, adquirir la planta habría supuesto un desembolso relevante en un momento en el que Ebro todavía está consolidando su modelo de negocio en el mercado español.
Las mismas fuentes aseguran que el nuevo contrato «no afecta al empleo ni a las actividades logísticas e industriales» que se desarrollan actualmente en Montcada. La planta cuenta con una plantilla de unos 50 trabajadores y atraviesa una fase de transición hacia actividades logísticas mientras espera incorporar la estampación de vehículos cuando la producción en Cataluña se amplíe. Por ahora, Ebro ensambla coches que llegan semimontados desde China y aún no ha arrancado la fabricación completa en sus instalaciones barcelonesas.
La reacción sindical: dudas sobre quién manda realmente
La decisión no ha sentado bien en el lado laboral. El sindicato CGT ha manifestado que la renuncia a la compra les ha «molestado profundamente». Su argumento central es que adquirir la propiedad habría blindado las instalaciones frente a lo que denominan «especulación de buitres externos», una referencia a posibles movimientos del mercado inmobiliario industrial sobre los terrenos.
Pero la crítica sindical va más allá de la cuestión inmobiliaria. En un mensaje apenas velado dirigido a Chery, que ostenta el 40% de Ebro Factory —la sociedad que gestiona las dos fábricas— y actúa como socio tecnológico, CGT ha cuestionado quién toma realmente las decisiones estratégicas. «Estas cuestiones nos hacen dudar de quién tiene el control de la fábrica y, de lejos, se vislumbra que no es el socio mayoritario», han señalado. Ebro EV Motors controla el 60% de Ebro Factory, pero el peso tecnológico y financiero de Chery en la operación es innegable.
Este debate sobre la gobernanza real de la empresa no es nuevo en el sector. En proyectos de coinversión entre firmas europeas y fabricantes asiáticos, la distribución formal del capital no siempre refleja el reparto efectivo del poder de decisión, especialmente cuando uno de los socios aporta la tecnología, las plataformas y parte del aprovisionamiento.
Un modelo de negocio aún en construcción
El contexto general de Ebro ayuda a entender la cautela financiera. La marca, histórica en España y relanzada recientemente con vehículos eléctricos e híbridos enchufables, ha superado las 19.000 unidades matriculadas desde su vuelta al mercado a finales de 2024, con un récord mensual en marzo de 2025 con 2.558 coches vendidos. Esa cifra la situó en la quinta posición del ranking de vehículos híbridos enchufables en España, un resultado notable para una marca en fase de relanzamiento.
Sin embargo, el modelo productivo actual tiene una dependencia significativa de China. Los vehículos llegan semiensamblados y la fabricación local completa todavía no ha comenzado. Ese salto —de ensamblador a fabricante pleno— requiere inversión, tiempo y estabilidad contractual, y es precisamente en ese contexto donde la decisión de no comprar Montcada cobra sentido: destinar ese capital a la cadena de producción puede ser más prioritario que inmovilizarlo en ladrillo industrial.
La situación de la planta de Montcada también contrasta con la de la Zona Franca, donde los terrenos pertenecen al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que cedió su gestión a la empresa australiana Goodman, y Ebro opera como inquilina. Ninguna de las dos instalaciones es, por tanto, propiedad de la compañía española, lo que refuerza la lectura de que Ebro prioriza la flexibilidad operativa sobre la inversión patrimonial en este momento de su desarrollo.
Lo que queda claro tras este episodio es que el camino de Ebro hacia una producción local consolidada en Cataluña sigue siendo largo. La renovación del alquiler garantiza continuidad, pero no resuelve las dudas sobre el ritmo al que avanzará la industrialización real ni sobre quién marcará el paso en las decisiones que importan.