Desde este lunes 20 de abril, las oficinas de Correos, la Seguridad Social y las delegaciones de Extranjería han comenzado a atender presencialmente a personas migrantes que quieran tramitar su regularización extraordinaria. La medida, impulsada por el Gobierno, suma más de 430 puntos de atención repartidos por toda España y complementa la vía telemática habilitada desde el pasado 16 de abril.
La red de atención presencial se articula en tres canales. En primer lugar, más de 370 oficinas de Correos, que atenderán solicitudes de lunes a viernes en horario de 8:30 a 17:30 horas. En segundo lugar, más de 60 oficinas de la Seguridad Social, con atención de 16:00 a 19:00 horas. Y en tercer lugar, cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, también en franja de tarde, de 16:00 a 19:00 horas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado que en ningún caso se atenderá sin cita previa, y que los horarios están pensados para no interferir con los trámites habituales de estas oficinas.
El proceso arrancó el 16 de abril con la apertura de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo para presentar solicitudes por ambas vías permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Desde ese primer día, imágenes de largas colas frente a ayuntamientos y oficinas de registro pusieron de manifiesto la alta demanda que este proceso ha generado entre la población migrante residente en España.
¿Quién puede acogerse a esta regularización? La norma establece dos supuestos. El primero afecta a quienes hayan solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026. El segundo, a personas en situación administrativa irregular que puedan acreditar que se encontraban en territorio español antes de esa misma fecha. En ambos casos, la solicitud debe presentarse dentro del plazo habilitado, ya sea por vía digital o de manera presencial con cita previa.
Uno de los aspectos que el Ministerio ha querido destacar con especial énfasis es que las citas presenciales son completamente gratuitas. Ningún intermediario puede cobrar por gestionar o reservar una cita, algo relevante en un contexto en el que proliferan servicios informales que se aprovechan de la vulnerabilidad administrativa de muchas personas migrantes. La advertencia busca evitar fraudes y proteger a quienes más lo necesitan.
Para solicitar cita previa existen tres vías. La primera, a través de la web oficial del proceso de regularización, donde mediante el sistema Cl@ve se puede elegir oficina, fecha y hora. Quienes no dispongan de Cl@ve pueden consultar los requisitos para obtenerlo o pedir a alguien que sí lo tenga que realice la gestión en su nombre. La segunda opción es un formulario web en el que no se puede escoger ni oficina ni fecha: el sistema asigna automáticamente la más cercana en función de los datos aportados. La tercera vía es llamar al teléfono 060, con atención en español, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas.
Respecto a las notificaciones posteriores a la solicitud, el Ministerio ha pedido que se rellene con cuidado la información de contacto, incluyendo teléfono, correo electrónico y dirección postal. Las comunicaciones se realizarán preferentemente por el mismo canal por el que se inició el trámite. En el caso de que el solicitante cuente con representante, las notificaciones se dirigirán a este último.
Este proceso de regularización es uno de los más ambiciosos impulsados en España en los últimos años y llega en un momento de intensa presión migratoria, especialmente en las Islas Canarias y las costas del sur. La medida ha generado un amplio debate político: sus defensores argumentan que regularizar a personas que ya viven y trabajan en el país beneficia a la economía y reduce la precariedad laboral, mientras que sus críticos advierten de que puede actuar como factor de atracción de nuevos flujos migratorios irregulares. El Gobierno ha optado por no entrar en ese debate y ha centrado su comunicación en los aspectos prácticos del proceso, insistiendo en la gratuidad y en la accesibilidad de los trámites.