La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cerrado sin sanción el expediente global que investigaba a Repsol, BP y Cepsa —hoy rebautizada como Moeve— por presuntas prácticas anticompetitivas durante la llamada guerra de las gasolineras low cost. El organismo regulador ha archivado las actuaciones al concluir que no existen indicios suficientes de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. La decisión, sin embargo, llega acompañada de un matiz importante: Repsol ya fue sancionada por separado con más de 20 millones de euros en un expediente paralelo, lo que convierte esta resolución en un resultado desigual para las tres empresas implicadas.
Todo arranca en 2022, cuando dos asociaciones del sector, AESAE y ACIH, presentaron denuncias contra las grandes petroleras. El contexto era el del encarecimiento generalizado del combustible provocado, en parte, por la invasión rusa de Ucrania. Las gasolineras independientes, conocidas como low cost, acusaron a Repsol, Cepsa y BP de utilizar esa coyuntura para aplicar estrategias de dumping: subir los precios del combustible que les vendían al por mayor mientras ofrecían descuentos agresivos a sus propios clientes minoristas mediante tarjetas de fidelización y pago. El objetivo, según las denunciantes, era expulsarlas del mercado estrangulando sus márgenes.
Por qué se salvan BP y Moeve
La CNMC ha concluido que no existen pruebas de que las tres compañías actuasen de forma coordinada ni que compartiesen información privilegiada sobre sus estrategias comerciales. Según el regulador, BP y Cepsa conocieron los planes de descuentos de Repsol a través de los medios de comunicación y de información pública, no mediante canales opacos entre competidores. Además, ambas empresas sufrieron pérdidas de clientes durante ese periodo, lo que contradice la hipótesis de una acción conjunta y premeditada para beneficiarse mutuamente.
Otro argumento clave en la resolución es la asimetría entre las tres compañías. En 2022, Repsol tenía una capacidad de refino muy superior a la de BP y Cepsa, así como mayores cuotas de mercado en el segmento mayorista. Esa diferencia estructural impide, según la CNMC, considerar que las tres actuasen como una sola entidad económica con posición de dominio colectiva, que es uno de los elementos que exige la ley para sancionar este tipo de conductas.
La multa histórica a Repsol
El caso de Repsol es diferente porque fue investigado de forma separada desde el principio. La CNMC le impuso una sanción de 20,5 millones de euros por abuso de posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles. El regulador determinó que la compañía aplicó políticas de retención de volumen e incrementó los precios del gasóleo A (GOA) que vendía a las gasolineras independientes mientras, al mismo tiempo, lanzaba una campaña de descuentos para sus clientes profesionales en el mercado minorista que iba más allá de lo que el Gobierno había establecido como obligatorio en sus medidas de alivio al consumidor.
Esta estrategia es lo que los economistas denominan un estrechamiento de márgenes o margin squeeze: apretar a los rivales por arriba (coste del suministro) y por abajo (precios minoristas) hasta dejarles sin margen operativo. Para la CNMC, Repsol actuó de forma unilateral y con suficiente poder de mercado como para distorsionar la competencia, algo que no pudo demostrar en el caso de BP y Cepsa.
La sanción a Repsol es una de las más elevadas que ha impuesto la CNMC en el sector energético en los últimos años, lo que refleja la gravedad con la que el regulador valoró esa conducta concreta. La empresa tiene abierta la vía de recurso ante la Audiencia Nacional, como es habitual en este tipo de procedimientos.
Qué cambia para el sector
El archivo del expediente global no implica que BP y Moeve hayan sido exoneradas de toda sospecha, sino que el regulador no ha encontrado pruebas suficientes para sostener un procedimiento sancionador con garantías. Es una distinción relevante desde el punto de vista jurídico, aunque en la práctica el resultado es que las dos compañías evitan cualquier consecuencia económica en este caso.
Para las gasolineras low cost, el desenlace es agridulce. La multa a Repsol valida parte de sus denuncias y sienta un precedente sobre cómo las grandes operadoras no pueden utilizar su posición mayorista para ahogar a los distribuidores independientes. Sin embargo, el archivo del caso conjunto deja sin respuesta la pregunta de si hubo algún tipo de comportamiento paralelo —aunque no coordinado explícitamente— entre las tres compañías durante aquel periodo de tensión en los precios del carburante.
El sector de las estaciones de servicio en España sigue siendo un mercado con una alta concentración en el escalón mayorista, donde un puñado de operadores controla el suministro a miles de puntos de venta independientes. La Ley de Defensa de la Competencia da herramientas al regulador para intervenir, pero los casos de posición dominante colectiva son especialmente difíciles de probar, como demuestra este expediente. La resolución final deja claro que, al menos por ahora, el foco sancionador recae exclusivamente sobre Repsol.