Un año después del gran apagón del 28 de abril de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desencadenado una oleada de expedientes sancionadores sin precedentes en el sector eléctrico español. En esta segunda tanda, el regulador ha abierto 35 nuevos procedimientos que se suman a los 20 ya iniciados la semana anterior, lo que sitúa el total de expedientes relacionados con el incidente en más de cincuenta, concentrados en su mayoría en Iberdrola y Endesa.
Iberdrola es la compañía que acumula más expedientes en esta ronda: 16 nuevos, que se añaden a los cinco de la semana pasada. Endesa, por su parte, recibe once más, también sobre los cinco previos. Entre ambas suman cerca de cuarenta procedimientos en apenas dos semanas. Además, la CNMC ha apuntado a las asociaciones que gestionan las centrales nucleares de Almaraz, Trillo, Ascó y Vandellós, donde participan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. El más llamativo de esta jornada es el expediente por infracción muy grave abierto contra la asociación que gestiona Almaraz, la mayor central nuclear de España, situada en la provincia de Cáceres.
En esta segunda tanda también aparecen afectadas empresas como TotalEnergies, Engie y Contour Global, lo que amplía el perímetro de la investigación más allá del duopolio doméstico. En la primera ronda, hace una semana, la lista ya incluía a Repsol y a Red Eléctrica, operadora del sistema. Este último expediente fue clasificado como muy grave, lo que llevó a Iberdrola y Endesa a señalar públicamente hacia el gestor de la red como el principal responsable del colapso. La situación ahora se complica para ambas: también ellas reciben un expediente muy grave, en este caso relacionado con sus plantas nucleares.
Qué investiga exactamente el regulador
La CNMC ha explicado que, tras el cero eléctrico de abril de 2025, puso en marcha varios expedientes informativos para analizar las causas del incidente y detectar posibles incumplimientos de la normativa sectorial eléctrica. El resultado de esas investigaciones preliminares ha arrojado indicios de que algunas de las prácticas irregulares no se limitaron al día del apagón, sino que se habrían extendido durante periodos prolongados anteriores o posteriores. Dicho de otro modo: el regulador no solo investiga lo que ocurrió el 28 de abril, sino también conductas sistemáticas que podrían haber deteriorado la seguridad del sistema eléctrico de forma continuada.
Esto es relevante porque cambia el alcance del procedimiento. No se trata únicamente de depurar responsabilidades por un fallo puntual, sino de examinar si las empresas cumplían de forma sostenida con las obligaciones que marca la regulación eléctrica. La apertura de expedientes no implica, en ningún caso, que las compañías sean ya culpables: todos los afectados podrán presentar alegaciones y proponer pruebas. Los procedimientos, además, tienen plazos máximos de resolución que oscilan entre nueve y dieciocho meses según la gravedad de la infracción.
Las consecuencias potenciales para las eléctricas
Las sanciones en el sector eléctrico pueden ser muy significativas. Según el marco regulatorio vigente recogido en la Ley del Sector Eléctrico, las infracciones muy graves pueden acarrear multas de hasta decenas de millones de euros, además de otras medidas como la inhabilitación temporal de instalaciones. Con varios expedientes muy graves en la mesa, la exposición económica de Iberdrola y Endesa no es en absoluto marginal.
Más allá del impacto económico directo, la cuestión tiene un peso reputacional considerable. Ambas empresas son cotizadas del Ibex 35, con inversores institucionales y minoristas que siguen de cerca cualquier movimiento regulatorio. La acumulación de expedientes sancionadores en un periodo tan corto lanza una señal de que el regulador considera que el apagón no fue simplemente una anomalía técnica aislada, sino el resultado —al menos en parte— de incumplimientos previos y sostenidos.
También conviene recordar el contexto político. El apagón del 28 de abril de 2025 dejó a millones de hogares y empresas sin suministro durante horas, provocó caos en el transporte y puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. Desde entonces, la presión política sobre el sector ha sido intensa, y la CNMC actúa en un entorno donde la opinión pública exige rendición de cuentas.
La investigación está lejos de cerrarse. Con plazos de hasta dieciocho meses para las infracciones más graves, los expedientes abiertos esta semana podrían no resolverse hasta bien entrado 2027. Mientras tanto, las eléctricas tienen por delante un largo proceso de alegaciones en el que defenderán su actuación. Lo que está claro es que el regulador ha decidido actuar con una contundencia inusual, y el sector tardará tiempo en recuperar la normalidad regulatoria.