El Ejecutivo del presidente chileno José Antonio Kast ha tomado la decisión inesperada de cancelar dos concesiones de construcción y operación de carreteras adjudicadas a la empresa española Azvi en la Zona Metropolitana del Gran Concepción. Los contratos corresponden a los corredores de transporte público Ruta 160 y Ruta 150 más la autopista Concepción-Talcahuano, con una inversión estimada superior a los 400 millones de euros y un plazo de explotación de 20 años.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó a Azvi la suspensión de la adjudicación provisional, frustrando una licitación que la compañía presentó en solitario y que había recibido aprobación preliminar a principios de este año. Sin embargo, en julio, el Gobierno modificó su posición y canceló los proyectos, argumentando limitaciones presupuestarias. En una carta oficial, el ministro de Hacienda chileno, Jorge Antonio Quiroz, expuso que la situación fiscal ajustada del país impide asumir los compromisos financieros a medio y largo plazo asociados a estos contratos.

Esta medida ha inquietado a la comunidad inversora internacional y en particular a los grandes grupos españoles que operan en Chile, entre ellos Sacyr, OHLA y Sanjosé, dado que hasta ahora el sistema concesional chileno era considerado uno de los más estables y maduros de Latinoamérica. Fuentes financieras destacan que mientras países vecinos como Perú y Colombia están apostando por políticas liberales y colaboración público-privada para promover infraestructuras, Chile estaría dando pasos que podrían desalentar la inversión privada y aumentar la inseguridad jurídica.

Después del anuncio de la suspensión, las autoridades chilenas comunicaron que los proyectos se ejecutarían mediante la financiación pública tradicional. Este cambio implica un retraso estimado de cuatro años en la finalización y puesta en marcha, respecto a las fechas comprometidas originalmente por Azvi, además de que el Estado asumiría directamente riesgos y sobrecostes previamente transferidos al sector privado, en temas como expropiaciones o gestión de imprevistos técnicos y sociales.

Chile fue un referente regional en modelos de colaboración público-privada, atrayendo a grandes promotores internacionales para obras de carreteras, aeropuertos y hospitales. Sin embargo, actualmente las licitaciones están despertando poco interés e incluso se han registrado concursos desiertos. Grandes constructoras internacionales como Vinci, ACS, Ferrovial o Acciona se están enfocando en mercados alternativos como Estados Unidos, Canadá y Australia. En este contexto, solo algunas empresas nacionales y Sacyr, Azvi y Sanjosé mantienen una apuesta firme en Chile.

El último gran contrato adjudicado a empresas españolas fue la concesión vial Ruta Pie de Monte, ganada por Sacyr en junio pasado, frente a una competencia muy limitada. Otro proyecto relevante es la futura planta desaladora para consumo humano en la región de Coquimbo, que Sacyr lideró al imponerse a un consorcio de Azvi y Cox; esta obra implicará una inversión cercana a 300 millones de euros y beneficiará a más de medio millón de habitantes.

En el mercado chileno de concesiones destacan además Abertis (parte de ACS y Mundys), que gestiona corredores viales emblemáticos como la Autopista Central y la Ruta 5; y Globalvia, responsable de peajes estratégicos. Por su parte, OHLA ha atravesado dificultades en Chile, aunque solucionó recientemente un litigio por la construcción de la red hospitalaria en Biobío. Sanjosé y Acciona también cuentan con actividad relevante en el país.

Azvi representa un caso llamativo: aunque no es la mayor empresa española en Chile, mantiene una presencia significativa con seis concesiones a través de su división Cointer y compromisos de inversión por 350 millones de euros. Su cartera incluye ingresos por alrededor de 400 millones en construcción y 1.800 millones a largo plazo. Además, colabora con Sacyr en algunos proyectos concesionales.

El revés sufrido por Azvi evidencia una posible inflexión en la política chilena de infraestructuras públicas y puede afectar la confianza de inversores internacionales. El sistema concesional, que combinaba eficiencia financiera y transferencia de riesgos al sector privado, se ve ahora cuestionado en un contexto donde la prioridad fiscal prevalece y aumenta el riesgo de mayores costes y retrasos.

El impacto de esta decisión no solo afecta a Azvi, sino que pone en alerta al conjunto del sector de infraestructuras español en Chile, especialmente ante próximas licitaciones como el teleférico de Iquique o la cárcel de Calama. Para el futuro del modelo concesional chileno, la estabilidad jurídica y previsibilidad presupuestaria serán claves para recuperar la fe del capital privado.

Para más detalles sobre la política de concesiones en Chile puede consultarse el portal oficial del Ministerio de Obras Públicas de Chile y análisis económicos en Expansión.