Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha solicitado que la Seguridad Social se haga cargo del pago íntegro durante los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes. La petición tiene como objetivo aliviar a las empresas de los costes que, según Garamendi, se generan por un "deficiente funcionamiento" de los servicios públicos que gestionan estas bajas.

Durante el cierre de una jornada dedicada al absentismo laboral organizada por la patronal, Garamendi expuso que actualmente alrededor de 1,4 millones de trabajadores están de baja cada día, de los cuales cerca de un millón se encuentran en situación de incapacidad temporal. La CEOE advierte que este aumento en las bajas representa un problema sanitario grave con importantes repercusiones sociales y económicas para toda la sociedad.

El presidente de la CEOE señaló que, mientras no se implementen reformas más profundas, sería recomendable que la Seguridad Social asuma tanto el pago de la cotización como la prestación correspondiente durante los días 4 a 15 de baja, período que actualmente representan un gasto directo para las empresas. Además, destacó que aproximadamente el 69 % de los procesos de incapacidad temporal tienen una duración inferior a 15 días, concentrando así un gran volumen de costes en ese tramo temporal.

En relación con las cifras, Garamendi estimó que el absentismo laboral supone un coste global cercano a los 33.000 millones de euros anuales, de los cuales alrededor de 17.000 millones recaen sobre las empresas. A pesar de este desembolso, el dirigente empresarial señaló que no se ha observado una mejora significativa en la salud de los trabajadores ni en la eficiencia del sistema de bajas.

Para mejorar la gestión, la CEOE plantea reforzar los recursos sanitarios incluyendo más profesionales y aumentos en la inspección médica, tanto en los servicios públicos de salud como en las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Garamendi también aboga por potenciar las competencias de estas mutuas y adelantar los controles médicos obligatorios a los tres, seis y nueve meses durante la baja, frente a la práctica actual que comienza estos controles con mayor intensidad a partir del día 365.

Adicionalmente, la patronal propone que la inspección médica supervise los procesos de baja cuya duración exceda la norma establecida, independientemente del motivo o patología. Garamendi también reclama que las empresas queden exoneradas del pago de cotizaciones por contingencias comunes en bajas superiores a un año y que se apruebe una exoneración total para los contratos de sustitución de empleados en baja. Esta propuesta se extiende también a los trabajadores autónomos.

En un contexto social marcado por el auge de problemas de salud mental, Garamendi se distanció de las polémicas declaraciones de otro dirigente empresarial que atribuyó las bajas a motivos frívolos entre los jóvenes. El presidente de la CEOE destacó que la salud mental es una cuestión real y creciente, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que requiere atención social y recursos adicionales en la sanidad pública y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Por último, subrayó que detrás de la mayoría de las bajas laborales hay causas médicas verdaderas y urgió a proporcionar seguimiento y atención adecuada a los trabajadores afectados. Según sus palabras, "la mayoría de las bajas es porque son bajas", reforzando así la necesidad de un enfoque responsable y estructurado para afrontar el absentismo laboral en España.

Más información sobre la situación del absentismo en España y las propuestas de la CEOE puede consultarse en fuentes oficiales y en el sitio del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El planteamiento de la CEOE se enmarca en una polémica más amplia sobre cómo gestionar las incapacidades temporales y el impacto económico que suponen para las compañías, especialmente en un contexto de recuperación económica postpandémica. Por ello, la búsqueda de un consenso entre Gobierno, sindicatos y empresarios será clave para avanzar en reformas efectivas.