A finales de julio de 2026, la Guardia Civil envió a Dámaso Fernández la notificación oficial de su expulsión del cuerpo tras confirmarse su condena firme por agredir a su expareja. En ese mismo momento, se sometió a revisión el nivel de riesgo de Laura Cruz, agente también de la Guardia Civil y víctima de violencia de género, que fue evaluado y mantuvo la protección activa bajo el sistema Viogén.

Viogén es una herramienta integral creada por el Ministerio del Interior para la prevención y seguimiento en casos de violencia de género. Su función es garantizar la seguridad de las víctimas a través de un sistema coordinado entre fuerzas de seguridad, servicios sociales y judiciales. Laura Cruz formaba parte de este programa al encontrarse en situación de alto riesgo, lo que implicaba medidas de vigilancia y apoyo continuado.

El trágico caso de Laura Cruz se conoció el 7 de agosto, cuando se comunicó que la agente había sido asesinada en Llanes, Asturias. La vinculación directa entre la protección Viogén y la agresión fatal vuelve a poner sobre la mesa la complejidad que implica proteger a víctimas dentro de entornos cercanos, especialmente cuando el agresor tiene antecedentes y sanciones firmes.

Históricamente, desde la puesta en marcha de Viogén en 2014, se ha incrementado significativamente la detección y seguimiento de casos de violencia doméstica en España. Según los últimos informes oficiales del Ministerio del Interior, hasta 2025 se registraron más de 1,3 millones de casos gestionados por el programa, con un aumento sostenido en la tasa de protección efectiva para víctimas en situación de riesgo alto.

Sin embargo, episodios como el asesinato de Laura Cruz evidencian las limitaciones y desafíos en la actuación, especialmente cuando el agresor forma parte o ha formado parte de cuerpos policiales. La expulsión de Fernández tras la sentencia demuestra el peso de las condenas firmes, pero también suscita debates sobre los protocolos previos para garantizar la seguridad inmediata de las víctimas aún cuando el agresor haya accedido a la justicia.

En Asturias, la violencia de género ha sido un problema constante y preocupante. Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la región registra decenas de órdenes de protección activas anualmente, y Llanes ha sido escenario de varios casos que reflejan la necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos órganos implicados.

Las fuerzas de seguridad, incluido el propio Instituto Armado, han reforzado sus políticas para detectar y prevenir situaciones de riesgo, especialmente cuando las víctimas son agentes dentro de la institución. El caso de Laura Cruz ha generado además una ola de solidaridad interna y lleva a revisar los procedimientos internos para proteger a su personal.

Además, expertos en violencia de género subrayan la importancia de aumentar los recursos y mejorar la formación continua en detección temprana y manejo de casos complejos. El sistema Viogén, aun siendo una herramienta vital, precisa de una adaptación constante para responder a situaciones donde el agresor utiliza su conocimiento y poder para burlar las medidas de protección.

El Ministerio del Interior y la Guardia Civil han expresado su condena por el asesinato y han anunciado una revisión exhaustiva de las circunstancias del caso para prevenir futuras tragedias. Mientras tanto, la sociedad asturiana y toda España enfrentan el reto de continuar mejorando estrategias y apoyos para las víctimas de violencia de género, reconociendo que, incluso bajo la protección Vigogén, los riesgos persisten y requieren extrema vigilancia y recursos.

Este caso recuerda la urgencia de promover un compromiso firme y sostenido para erradicar la violencia machista y fortalecer las vías de protección, especialmente en quienes se encuentran en primera línea luchando contra esta lacra social, como es el caso de agentes de la Guardia Civil.

Más información y actualizaciones pueden consultarse en la página oficial del Ministerio del Interior y a través del seguimiento del sistema Viogén, cuya función sigue siendo crítica en la protección de víctimas en situaciones de riesgo elevado.