Una finca situada en la parroquia de Cenero, en Gijón, realizó en los últimos años la retirada y destrucción no autorizada de una nave que contenía placas de amianto, sustancias catalogadas como altamente peligrosas para la salud y el medio ambiente. Según han denunciado vecinos y colectivos ecologistas, los restos de este material tóxico fueron enterrados en la propia parcela, sin que mediaran las licencias ni controles requeridos por la ley.

Esta irregularidad fue denunciada hace aproximadamente un año ante las autoridades locales, pero a fecha de hoy los residuos de amianto continúan enterrados en el lugar, sin que se haya producido una actuación efectiva para su retirada y descontaminación del suelo. La persistencia del amianto en la finca suscita inquietudes entre los residentes de Cenero y el conjunto de Gijón debido al riesgo conocido que este mineral implica para la salud humana y el ecosistema circundante.

El amianto es una sustancia que fue ampliamente utilizada en España y otros países para la construcción debido a su resistencia y aislamiento térmico. Sin embargo, su manipulación y desecho son peligrosos porque sus fibras, al ser inhaladas, pueden provocar enfermedades graves como el cáncer de pulmón o la asbestosis. Desde el año 2002, el uso de amianto está prohibido en la Unión Europea y España mantiene estrictas normativas para la retirada y gestión segura de residuos que lo contengan.

Según fuentes oficiales, para retirar amianto de cualquier estructura es indispensable contar con autorización administrativa que garantice la implementación de protocolos destinados a minimizar la liberación de fibras nocivas. Además, su transporte y eliminación deben cumplir con las normativas medioambientales vigentes, depositándose en puntos autorizados para residuos peligrosos. En el caso denunciado en Cenero, estas condiciones no se cumplieron, vulnerando la normativa y exponiendo a la comunidad a riesgos innecesarios.

El Ayuntamiento de Gijón fue informado hace un año sobre esta situación y, a pesar de ello, aún no ha impulsado medidas efectivas para subsanar el problema. Vecinos del barrio recuerdan que la presencia del amianto enterrado cercana a viviendas y zonas de actividad genera preocupación legítima por la posible contaminación de suelos y aguas subterráneas.

Expertos en medio ambiente señalan que la correcta gestión de esta problemática pasa por la identificación precisa del material contaminante, la retirada con todas las garantías de seguridad, el análisis del suelo tras la extracción y, si es necesario, la descontaminación del terreno. Este proceso suele implicar a organismos autonómicos especializados y en ocasiones a entidades estatales, dada la gravedad que el amianto representa para la salud pública.

El caso de Cenero no es único en Asturias ni en España. Diversas comunidades han denunciado en los últimos años prácticas irregulares en la gestión de amianto, lo que ha conducido a procesos judiciales y multas contra empresas responsables. La sensibilización social acerca del problema ha aumentado notablemente y se exigen soluciones rápidas y contundentes por parte de las administraciones.

La mejor vía para evitar incidentes similares es reforzar los controles en la retirada de este material, garantizar la formación y certificación de las personas que trabajan con amianto y promover la transparencia en la gestión de residuos peligrosos. La colaboración entre ayuntamientos, ciudadanos y organismos autonómicos es clave para proteger la salud comunitaria y el medio ambiente.

Por el momento, los vecinos de Cenero siguen aguardando respuestas claras y una acción responsable que elimine los restos enterrados en la finca y asegure que el entorno quede libre de contaminación. Las autoridades locales y regionales mantienen el compromiso público de atender esta problemática, aunque la demora en la resolución genera preocupación y demanda vigilancia constante.

Para profundizar en el marco legal sobre amianto en España, pueden consultarse los documentos disponibles en el Ministerio para la Transición Ecológica y los informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

La comunidad asturiana espera que este asunto sirva para reforzar las medidas ambientales y la protección ciudadana en todas las zonas afectadas por residuos peligrosos, con especial atención al amianto, dado su alto impacto en la salud pública.