Viktor Orbán ha perdido el poder en Hungría tras ser derrotado en las urnas. El resultado electoral marca el fin de más de quince años de hegemonía del movimiento nacionalista-populista que el propio Orbán encarnó y convirtió en referencia para la derecha radical de toda Europa. La noticia llega como un alivio para las instituciones europeas, que llevan años intentando frenar, con éxito desigual, las derivas antidemocráticas del Gobierno húngaro.
La derrota es significativa no solo por lo que implica para Hungría, sino por el mensaje que lanza al conjunto del continente: el populismo de corte nacionalista no es invencible. Pese al control casi total de los medios de comunicación, el aparato del Estado y los recursos económicos del país, el electorado húngaro ha optado por el cambio. Es un resultado que desmiente la narrativa de que este tipo de movimientos, una vez instalados en el poder, son imposibles de desalojar por vías democráticas.
La larga batalla entre Orbán y Bruselas
La relación entre Viktor Orbán y la Unión Europea ha sido uno de los capítulos más tensos de la historia reciente de la integración europea. Desde que Fidesz recuperó el gobierno en 2010, las instituciones comunitarias documentaron sistemáticamente una serie de prácticas que consideraban incompatibles con los valores fundacionales de la UE. Entre ellas, el uso clientelar de los fondos europeos para beneficiar a empresarios y aliados del régimen, los recortes a la libertad de prensa, el hostigamiento a las universidades —con la expulsión de la Universidad Centroeuropea fundada por George Soros como episodio más llamativo— y el desmantelamiento progresivo de la independencia judicial.
El Parlamento Europeo activó en 2018 el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contra Hungría, un mecanismo diseñado para proteger el Estado de derecho que, en la práctica, nunca llegó a sus últimas consecuencias por las dificultades de alcanzar la unanimidad necesaria entre los Estados miembros. Bruselas también retuvo durante años miles de millones de euros en fondos de cohesión y del Plan de Recuperación europeo debido a las dudas sobre la independencia del sistema judicial húngaro. Sin embargo, en determinados momentos la Comisión y el Consejo también cedieron, desbloqueando parte de esos fondos bajo presión política o ante compromisos reformistas que luego se diluyeron.
Orbán era un maestro en explotar esa ambigüedad. Su discurso interno se alimentaba de la confrontación con Bruselas: cuanto más presionaba la UE, más fácil le resultaba presentarse ante su electorado como el guardián de la soberanía nacional frente a una élite tecnocrática foránea. El victimismo fue su arma más eficaz durante años, y las propias instituciones europeas, con sus titubeos y contradicciones, le proporcionaron munición de forma involuntaria.
Un modelo exportado con resultados desiguales
Más allá de Hungría, Orbán se convirtió en un referente ideológico y organizativo para partidos de extrema derecha en toda Europa y en Estados Unidos. Su cercanía con Donald Trump y con el entorno del movimiento conservador estadounidense le otorgó proyección global. También mantuvo una relación privilegiada con Vladímir Putin, siendo el único líder de la UE que se negó a romper los vínculos energéticos con Rusia tras la invasión de Ucrania y que bloqueó o retrasó en repetidas ocasiones los paquetes de ayuda europeos a Kiev.
Esa posición le granjeó un aislamiento creciente dentro del Consejo Europeo, donde otros líderes llegaron a negociar a su alrededor para no quedar paralizados por su veto. La guerra en Ucrania aceleró ese proceso de marginación y situó a Hungría en una posición incómoda dentro de la alianza occidental, con consecuencias tanto diplomáticas como económicas para el país.
Qué cambia ahora para Europa
La salida de Orbán del poder no resuelve automáticamente todos los problemas acumulados. Hungría hereda unas instituciones debilitadas, un ecosistema mediático muy concentrado y una cultura política marcada por años de gobierno iliberal. La reconstrucción del Estado de derecho, si el nuevo gobierno se lo propone, llevará tiempo y requerirá el apoyo activo de las instituciones europeas, que ya han señalado su disposición a colaborar en ese proceso según las últimas declaraciones de la Comisión Europea.
Para la UE, el cambio en Budapest también despeja uno de los principales focos de bloqueo interno. Hungría ha sido durante años un elemento disruptivo en decisiones clave sobre política exterior, ampliación y Estado de derecho. Con un gobierno más alineado con los valores comunitarios, el margen de acción de Bruselas se amplía en un momento en que Europa afronta desafíos de enorme calado: la guerra en su frontera este, la reconfiguración de las relaciones transatlánticas y la presión migratoria.
El caso húngaro demuestra también que las herramientas de la UE para defender el Estado de derecho funcionan, aunque de forma lenta e imperfecta. Y que, en última instancia, son los propios ciudadanos quienes tienen la última palabra.