La Fiscalía de Milán ha recibido este lunes la declaración —o la negativa a prestarla— del segundo investigado en la causa que indaga los presuntos safaris humanos organizados en Sarajevo durante los primeros años de la década de los noventa, en pleno conflicto bálcánico. Se trata de un cazador italiano de 64 años que trabajó como empleado del ayuntamiento de Génova y que, ante los fiscales milaneses, optó por acogerse a su derecho a no responder ninguna de las preguntas formuladas.
La noticia llega pocos días después de que la misma fiscalía citara a declarar a la primera persona relacionada con esta investigación, cuya identidad no ha sido revelada públicamente. El caso ha generado un impacto considerable en Italia, donde varios medios han seguido de cerca el desarrollo de las diligencias. La causa gira en torno a testimonios que apuntan a que ciudadanos europeos, incluidos italianos, habrían pagado para participar en cacerías en las que las víctimas eran personas, presuntamente durante el asedio de Sarajevo, uno de los episodios más oscuros de las Guerras de Yugoslavia.
La abogada defensora del investigado ha salido a los medios para negar cualquier implicación directa de su cliente en los hechos investigados. Según la letrada, el hombre simplemente trasladó a los investigadores informaciones que otras personas le habían contado, sin haber participado ni presenciado nada de lo que se describe en la investigación. "Contó cosas de las que le habían hablado", explicó la abogada, subrayando que su cliente no es testigo directo de ningún hecho delictivo.
El silencio del investigado ante la fiscalía es, en cualquier caso, un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico italiano, equivalente al derecho a no declarar contra uno mismo que ampara también la legislación española y los sistemas judiciales de la mayoría de países europeos. Ejercerlo no implica culpabilidad ni agrava la situación procesal del afectado, aunque los investigadores pueden continuar la causa a partir de otras pruebas y testimonios.
El contexto histórico en el que se enmarcan los presuntos hechos es especialmente grave. El asedio de Sarajevo, que se prolongó entre 1992 y 1996, fue el más largo de una capital europea en la historia de la guerra moderna. Durante ese periodo, según datos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), más de diez mil personas murieron como consecuencia de los bombardeos y los francotiradores que rodeaban la ciudad. En ese escenario de violencia extrema e impunidad, las investigaciones periodísticas y judiciales han ido documentando en los últimos años la presencia de extranjeros que habrían viajado a la zona atraídos por motivaciones que van más allá del combate ideológico.
La investigación en curso en Milán no es la primera que aborda este tipo de conductas en el marco de los conflictos de los Balcanes. Sin embargo, sí es una de las pocas que apunta directamente a ciudadanos italianos como posibles participantes en crímenes de esta naturaleza. Las autoridades judiciales italianas tienen competencia para perseguir a sus nacionales por delitos graves cometidos en el extranjero, lo que abre la puerta a que la causa prospere aunque los hechos tuvieran lugar fuera del territorio nacional.
Por el momento, la Fiscalía de Milán no ha detallado públicamente cuántas personas más podrían ser llamadas a declarar ni en qué fase se encuentra exactamente la investigación. Los medios italianos que han cubierto el caso señalan que las diligencias se encuentran todavía en una etapa preliminar, en la que los fiscales buscan consolidar los testimonios disponibles y contrastarlos con otras fuentes de información. La identidad de los investigados sigue protegida, a excepción de los detalles que han trascendido a través de sus propias defensas o de fuentes cercanas al procedimiento.
El caso ha reabierto en Italia el debate sobre la responsabilidad individual en crímenes de guerra y sobre los límites de la jurisdicción nacional cuando los hechos ocurren en otro país. Organizaciones de derechos humanos llevan años reclamando que los estados europeos sean más activos en la persecución de sus ciudadanos que pudieron participar en atrocidades durante los conflictos de los años noventa en los Balcanes, una región que todavía convive con las heridas de aquella guerra, según recuerdan periódicamente organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja.