Alexander Díaz Rodríguez tiene 45 años, pero quienes le ven caminar por primera vez desde su liberación calculan el doble. Hace poco más de una semana salió de las cárceles cubanas después de cumplir cinco años como preso político bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel. Su voz es débil, su paso inestable y su cuerpo muestra las huellas de años de malnutrición severa. El propio Díaz Rodríguez ha declarado que llegó a creer que moriría de hambre o de frío entre rejas.
Su caso no es una excepción en el sistema penitenciario cubano, sino una muestra de lo que denuncian desde hace años organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha documentado en múltiples informes las condiciones de hacinamiento, desnutrición y falta de atención médica que padecen los presos políticos en la isla. Las autoridades cubanas niegan sistemáticamente estos informes y califican a los detenidos como criminales comunes o agentes al servicio de potencias extranjeras.
Díaz Rodríguez fue detenido en el contexto de la ola represiva que siguió a las protestas del 11 de julio de 2021, las manifestaciones populares más amplias que ha vivido Cuba en décadas. Aquel día miles de cubanos salieron a las calles en decenas de municipios para protestar contra los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, y la falta de libertades. La respuesta del régimen fue una represión masiva: cientos de detenidos, juicios sumarios y condenas de varios años de prisión para manifestantes y activistas.
Según testimonios recogidos por organizaciones como Prisoners Defenders, muchos de los presos de ese ciclo represivo pasaron largas temporadas en celdas de aislamiento, sin acceso a luz natural, con raciones de comida insuficientes y sin posibilidad de recibir visitas familiares durante meses. Las familias de los presos políticos cubanos han sido, en muchos casos, el único canal de información hacia el exterior, enfrentándose ellas mismas a presiones y amenazas por parte de las autoridades.
El estado en el que ha salido Díaz Rodríguez refleja lo que los expertos en salud penitenciaria describen como desnutrición crónica combinada con ausencia de atención médica básica. Las imágenes difundidas tras su liberación muestran una pérdida de masa muscular y de peso extrema. Médicos consultados por medios de la diáspora cubana señalan que la recuperación en estos casos puede llevar meses e incluso años, y que algunas secuelas son permanentes.
Cuba mantiene desde hace décadas una posición de aislamiento respecto a los mecanismos internacionales de supervisión penitenciaria. La isla no permite visitas regulares de organismos independientes a sus centros de detención, y los informes que llegan al exterior provienen principalmente de presos liberados, familiares y redes de activistas. El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles ha pedido en varias ocasiones acceso al país sin que La Habana haya respondido afirmativamente.
El caso de Díaz Rodríguez llega en un momento en el que la situación económica en Cuba ha alcanzado cotas históricamente bajas. Los apagones se prolongan durante más de doce horas diarias en muchas provincias, la inflación ha destruido el poder adquisitivo de la población y la emigración hacia Estados Unidos y otros países ha batido récords en los últimos dos años. Este contexto agrava aún más las condiciones dentro de las cárceles, donde la escasez que afecta al país en general se traduce en raciones todavía más reducidas para los reclusos.
Mientras tanto, el número de presos políticos reconocidos en Cuba sigue siendo elevado. Diversas organizaciones de seguimiento cifran en varios centenares los cubanos que permanecen encarcelados por razones políticas, entre ellos participantes en las protestas de 2021 que aún no han completado sus condenas. La liberación de Díaz Rodríguez, celebrada por activistas y familiares, no cierra el capítulo: para muchos, es solo un recordatorio de quiénes siguen dentro.