El grupo parlamentario de Alternativa para Alemania (AfD) ha registrado en el Bundestag una propuesta de ley para eliminar las transferencias económicas que el Estado alemán realiza históricamente a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. La iniciativa no tiene visos de prosperar —el partido carece de los apoyos necesarios para alcanzar una mayoría— pero lanza un mensaje político inequívoco en un momento en que la ultraderecha alemana consolida su presencia institucional.
El proyecto contempla, entre otras medidas, el establecimiento de un procedimiento unificado para calcular y auditar los pagos estatales a ambas confesiones, así como la creación de una oficina de coordinación entre el gobierno federal y los estados federados. Se trata de una arquitectura administrativa pensada para darle cuerpo burocrático a una propuesta que, de momento, solo existe sobre el papel.
El sistema de financiación de las iglesias en Alemania hunde sus raíces en el siglo XIX. Tras las secularizaciones que se produjeron durante las guerras napoleónicas, el Estado asumió la obligación de compensar económicamente a las instituciones religiosas por los bienes que les fueron expropiados. Esas compensaciones, conocidas como dotaciones estatales o *Staatsleistungen*, llevan décadas siendo objeto de debate político. El propio artículo 138 de la Constitución de Weimar —que sigue vigente en la legislación alemana— preveía su abolición futura mediante una ley, aunque dicha ley nunca llegó a aprobarse. El importe total que el Estado alemán destina anualmente a estas transferencias supera los 600 millones de euros, repartidos entre los distintos *Länder*.
La propuesta de la AfD no es, por tanto, una idea surgida de la nada. Otros partidos, incluidos los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD), han impulsado iniciativas similares en años anteriores sin éxito. La diferencia es el contexto político en el que se produce ahora: la AfD obtiene resultados crecientes en las encuestas y ya participa —o tiene posibilidades reales de hacerlo— en gobiernos de varios estados del este del país. Eso convierte este tipo de gestos en algo más que retórica parlamentaria.
El partido liderado por Alice Weidel ha construido parte de su identidad en torno a la identidad cristiana de Europa, por lo que la apuesta por recortar los fondos a las iglesias puede parecer contradictoria. Sin embargo, la AfD mantiene una relación tensa con las jerarquías eclesiásticas alemanas, que han criticado con dureza el discurso migratorio y social del partido. Tanto la Conferencia Episcopal Católica alemana como la Iglesia Evangélica han rechazado públicamente en varias ocasiones las posiciones de la ultraderecha, lo que ha generado un enfrentamiento abierto. En ese sentido, la iniciativa legislativa puede leerse también como una represalia institucional.
Desde un punto de vista jurídico, cualquier reforma de las dotaciones estatales requeriría no solo una mayoría en el Bundestag, sino también la coordinación con los parlamentos de los *Länder*, ya que son estos quienes gestionan y abonan la mayor parte de esos fondos. La complejidad del proceso hace que, incluso con voluntad política mayoritaria, una reforma de calado llevaría años de negociación. Ninguno de los grandes partidos —la CDU/CSU, el SPD o los liberales del FDP— ha mostrado disposición a apoyar la propuesta de la AfD tal como está formulada.
Lo que sí resulta relevante es el efecto que esta clase de iniciativas puede tener en el debate público. Al introducir la cuestión en la agenda parlamentaria federal, la AfD obliga a los demás grupos a posicionarse, fuerza a los medios a informar sobre el sistema de financiación religiosa y sienta un precedente para sus propias formaciones regionales. En política, marcar el terreno de juego tiene valor aunque no se gane el partido.
Esta estrategia de propuestas simbólicas sin mayoría es una herramienta habitual de partidos que buscan diferenciarse y radicalizar el debate. Según los últimos sondeos publicados por los principales institutos demoscópicos alemanes, la AfD mantiene una intención de voto en torno al 20% a nivel nacional, lo que la convierte en la segunda fuerza política del país. Eso le da capacidad para condicionar la agenda sin necesidad de gobernar en Berlín. Las próximas elecciones estatales en varios *Länder* del este serán la prueba de fuego para saber si ese porcentaje se traduce en poder ejecutivo real.