La adjudicación del contrato para el derribo de las baterías de cok en Avilés ha estado marcada por presiones internas que han acelerado el proceso, según información reciente. El grupo conocido como Hirurok, integrado por Leire Díez, vinculada al PSOE, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría presionado a la mesa de contratación de la sociedad Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) para firmar «cuanto antes» el contrato de demolición.

Este contrato, que en segunda instancia fue otorgado a la empresa navarra Erri Berri, inicialmente había sido adjudicado a la compañía ovetense Los Álamos. Sin embargo, aquella primera adjudicación fue anulada y estaba pendiente la resolución de un recurso presentado por Los Álamos. El objetivo del grupo Hirurok fue evitar que este recurso retrasara la firma o modificación del contrato.

Este tipo de maniobras en adjudicaciones públicas no son inusuales cuando participan actores con intereses creados, sobre todo en proyectos de gran envergadura y relevancia pública. La demolición de las antiguas instalaciones industriales en Avilés tiene un impacto considerable para la región, no solo a nivel medioambiental y de regeneración urbana, sino también económico, dada la repercusión laboral y empresarial que genera.

La sociedad Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) es el organismo encargado de gestionar zonas industriales y promover proyectos estratégicos en la comunidad autónoma. Su mesa de contratación es la responsable de supervisar y otorgar los contratos públicos siguiendo criterios legales y administrativos.

Leire Díez, conocida en Asturias por su actividad política y su relación con el PSOE, junto con Vicente Fernández y Antxon Alonso, forman el grupo Hirurok, que ha ejercido una influencia significativa en decisiones empresariales y públicas recientes. Estas presiones han sido calificadas por fuentes cercanas al proceso con expresiones coloquiales que reflejan su determinación para asegurar la adjudicación, lo que ha generado críticas sobre la transparencia del procedimiento.

El proyecto de demolición es fundamental para la transformación del Parque Empresarial de Avilés en un espacio industrial y económico moderno, y su retraso podría afectar los cronogramas previstos por el Principado y los agentes implicados.

Para la empresa Erri Berri, al ser finalmente adjudicataria, este contrato es un paso importante para consolidar su presencia en la región y fortalecer su cartera en obras de demolición industrial. La competencia entre empresas locales y foráneas por estos contratos ha sido intensa, reflejando el atractivo del mercado asturiano.

Este caso se inserta en un contexto más amplio de supervisión de las adjudicaciones públicas en España, donde organismos como la Intervención General de la Administración del Estado y la Oficina Antifraude trabajan para evitar irregularidades y promover la transparencia.

El Gobierno del Principado de Asturias, en la línea de preservar la legalidad y la buena gestión, podría verse obligado a revisar los procedimientos relacionados o reforzar sus mecanismos internos para evitar futuros episodios similares.

En definitiva, este episodio revela las complejas dinámicas de poder y negociación que pueden darse en proyectos estratégicos en la región. Mientras el derribo avanza en términos contractuales, las sombras sobre su proceso recuerdan la necesidad de vigilar la gestión pública en todos sus niveles para garantizar que los intereses colectivos prevalezcan.

Para profundizar sobre el impacto económico y social de estas obras en Avilés, así como el papel de PEPA, se puede consultar el informe oficial en la web del Principado de Asturias.