Asturias, Galicia y Castilla y León han estrechado su colaboración para exigir el fin de los peajes en sus principales vías de comunicación. Este jueves, los gobiernos autonómicos y las organizaciones empresariales de las tres comunidades han firmado en Santiago de Compostela un acuerdo conocido como la Declaración de Compostela. Este pacto busca intensificar la presión institucional hacia la Unión Europea para que resuelva el procedimiento sobre las prórrogas de las concesiones de la autopista del Huerna (AP-66) y la autopista AP-9 gallega.

La AP-66 es una de las conexiones clave en el noroeste peninsular, enlazando Asturias con León a través del puerto de Pajares. Su peaje ha sido históricamente un punto de fricción para los usuarios y el sector empresarial, que considera que el coste económico limita la competitividad y la movilidad. Por su parte, la AP-9, que recorre Galicia de sur a norte, también cuenta con tramos en los que se mantienen peajes, generando un debate similar sobre su viabilidad y eventual eliminación.

Con la Declaración de Compostela, ambas comunidades, junto con Castilla y León, que también se ve afectada por la AP-66, expresan una posición unificada que reclama soluciones definitivas. El documento ha sido suscrito no solo por las administraciones públicas, sino también por los principales agentes económicos y sociales, que demandan que la Unión Europea cierre el procedimiento en curso y facilite la finalización anticipada de las concesiones o una revisión de las condiciones de los peajes.

Los impulsores de esta iniciativa argumentan que mantener estos peajes contraviene los intereses regionales y nacionales, especialmente en un contexto en el que se busca mejorar la cohesión territorial y el desarrollo económico de zonas con problemas demográficos y económicos. Además, destacan que la continuación de cobros en estas vías va en contra del objetivo europeo de mejorar las infraestructuras y favorecer una movilidad sostenible y accesible.

Este posicionamiento conjunto ha surgido después de años de reclamaciones parciales y deliberaciones a nivel autonómico. Ahora la estrategia apunta a aumentar la visibilidad de la cuestión y a recopilar apoyos en el Parlamento Europeo y en las instituciones comunitarias. La valoración de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de las prórrogas podría ser clave para determinar el futuro de los peajes.

En términos históricos, la concesión de la autopista del Huerna fue prorrogada varias veces, con contratos que se extendían hasta fechas relativamente recientes, pero la presión social y política ha ido creciendo para que estas vías pasen a depender directamente de la administración pública sin peajes. En Galicia, el fin de algunas concesiones también está en camino, siendo una cuestión recurrente en el debate público regional.

El impacto económico de esta medida es relevante. La eliminación de peajes en la AP-66 y AP-9 podría reducir costes para el transporte de mercancías y la movilidad personal, contribuir a revitalizar zonas afectadas por la despoblación y mejorar la conectividad con el resto del país. Sin embargo, también plantea dudas sobre el modelo de financiación de las infraestructuras, y si el Estado dispone de los recursos suficientes para asumir su mantenimiento sin aumentar otros impuestos o reducir inversiones en otros sectores.

El reciente acuerdo en Compostela muestra la alianza estratégica que une a Asturias, Galicia y Castilla y León para confrontar un problema común. La presión conjunta se espera que impulse la negociación con las autoridades europeas y con el Gobierno central. Además, se busca una respuesta en favor de los intereses de los ciudadanos y sectores productivos afectados en toda la región noroeste.

El futuro del peaje en la AP-66 y AP-9 está todavía abierto, pero el paso dado por estas tres comunidades representa una señal clara de que la cuestión se abordará desde la cooperación y la defensa conjunta, con un frente unido para negociar un modelo de movilidad más justo y eficiente.

Para más información sobre la Declaración de Compostela y las reclamaciones contra los peajes, se puede consultar el Gobierno de Asturias y el Gobierno de Galicia. La agencia Europa Press también ha informado ampliamente sobre esta iniciativa.

La atención ahora se centra en las próximas decisiones que tomará la Comisión Europea sobre el futuro de estas concesiones, un paso clave que determinará si la región podrá finalmente prescindir de estos peajes que limitan la libre circulación y encarecen el transporte.

Según los datos del Ministerio de Transportes, las autopistas en cuestión suponen vías estratégicas para la comunicación interregional y su liberalización es una demanda extendida entre usuarios y sectores económicos.

Esta movilización común de Asturias, Galicia y Castilla y León podría ser un ejemplo para otras regiones con problemas similares, donde la gestión de infraestructuras y la reapertura del debate sobre peajes sigue en la agenda pública.