La Agencia Tributaria implantará a partir del 1 de enero de 2027 la obligación para empresas de utilizar Verifactu, un sistema para verificar y remitir facturas electrónicas con el objetivo de mejorar el control fiscal. Los autónomos contarán con un plazo hasta el 1 de julio para cumplir con estas medidas, que nacen dentro del marco de la Ley Antifraude.

No obstante, el sistema Verifactu, que obliga a enviar al Fisco todas las facturas emitidas para su verificación, se enfrenta a una gran transformación. España deberá adaptar sus normativas tributarias a la Directiva europea ViDA antes de 2030, lo que implica que el actual reglamento quedará obsoleto en pocos años y obligará a las empresas a una nueva actualización de sus sistemas.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) critica la falta de un plan coordinado para implantar estas medidas y pone en duda la conveniencia de aplicar un sistema que dejará de ser válido en menos de una década. Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la Aedaf, recalca que «debe evaluarse si tiene sentido dar marcha atrás en poco tiempo después de la inversión realizada». En su opinión, España se está aislando dentro de la Unión Europea, donde otros países ya preparan sus sistemas conforme a la nueva normativa comunitaria que entrará en vigor en 2030.

Cambios clave que se esperan

Entre las modificaciones destacadas figura la ampliación de la obligación de facturación electrónica a todas las operaciones intracomunitarias, algo no contemplado hoy en la orden estatal. Además, la Ley Antifraude solo incluye las facturas emitidas en el sistema Verifactu, dejando fuera las recibidas, una limitación que el nuevo reglamento deberá corregir.

Otro aspecto en debate es la convivencia entre Verifactu y el Suministro Inmediato de Información (SII), que en esencia cubren procesos similares. Los expertos apuntan que a partir de 2030 solo uno de estos sistemas debería permanecer activo para evitar duplicidades y simplificar la gestión.

Albert Folguera, también miembro del grupo de expertos de Aedaf, señala como ejemplo el modelo italiano, donde toda factura debe ser enviada a Hacienda en formato electrónico sin excepciones. En España, esta dualidad genera incertidumbre y la necesidad de una hoja de ruta clara para la convergencia de los sistemas actuales hacia un único modelo compatible con la normativa europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el anteproyecto para adaptar parcialmente la Directiva ViDA, con la intención de modernizar y digitalizar el sistema de IVA en España conforme a los estándares comunitarios. Este movimiento busca armonizar las legislaciones y facilitar el control tributario en un entorno cada vez más digital.

Impacto para las empresas

Las pymes y autónomos, que deberán cumplir las nuevas obligaciones fiscales desde 2027, anticipan nuevos costes y esfuerzos para actualizar sus sistemas informáticos, que serán insuficientes a largo plazo. La alerta de la Aedaf subraya la importancia de diseñar un proceso de adaptación que evite cambios bruscos y repetidos en un corto periodo.

El desafío de implementar un sistema estable y duradero para la facturación electrónica es clave para la eficiencia tributaria y la competitividad empresarial. Cualquier transición requerirá un diálogo transparente entre las autoridades fiscales, los asesores y el sector privado para minimizar el impacto y garantizar la preparación para los requisitos europeos.

Con estas perspectivas, el próximo paso será la aprobación definitiva del proyecto de ley y la definición de un calendario concreto para el despliegue y la migración a las nuevas obligaciones, con un horizonte claro hacia 2030.

Este contexto sitúa a España en una encrucijada para modernizar su sistema fiscal sin generar contratiempos adicionales para las empresas, adaptándose a un panorama digital y europeo en constante evolución. La coordinación y planificación serán esenciales para evitar que el esfuerzo actual quede desfasado en menos de una década.