La batalla judicial de Urbas da un giro inesperado. La constructora española, que gestiona su insolvencia bajo un procedimiento concursal abierto ante los tribunales, ha presentado un recurso formal para apartar del cargo al tandem de administradores designados por el juez: Kepler Kast y Auren. El escrito, de treinta páginas, llega en un momento especialmente delicado, pocas semanas antes de que se presente el informe definitivo sobre la situación financiera y patrimonial de la empresa.

El movimiento se produce tras la reciente absolución del presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, por un presunto delito societario en la Audiencia Nacional, lo que ha dado nuevo impulso a la dirección de la compañía para disputar el control del proceso concursal. Los gestores y los accionistas de referencia sostienen que, tal y como está configurada ahora la administración concursal, el proceso no puede ser imparcial.

El vínculo con RS Lender, en el centro de la acusación

El argumento central del recurso gira en torno a la relación que Urbas atribuye a Kepler Kast con RS Lender, un fondo de inversión que figura como acreedor de la constructora. Según el relato de los abogados de Urbas, RS Lender ejecutó las prendas derivadas de un crédito vencido y valoró esos activos a cero euros, una cifra que el fondo utilizó para acusar a la empresa de estafa. La acusación de Urbas es que Kepler Kast no ha cuestionado en ningún momento esa valoración, no ha solicitado el informe elaborado por PwC al respecto y tampoco ha impugnado la necesidad del procedimiento abierto en Luxemburgo donde precisamente se discute ese precio.

Para Urbas, esta pasividad no es casual: constituye una señal inequívoca de que el administrador concursal actúa con una falta de independencia que lo inhabilita para el cargo. El hecho de que no haya pedido explicaciones sobre una valoración de cero euros sobre activos cuya existencia real está documentada resulta, según los letrados de la compañía, difícilmente justificable desde la neutralidad que exige la ley.

Auren, en el punto de mira por las valoraciones

La crítica más técnica del recurso apunta directamente a Auren, la otra firma que compone el equipo concursal. La acusación es concreta y se apoya en números: Urbas sostiene que Auren ha valorado los mismos activos a precios radicalmente distintos según el contexto en el que lo hacía.

Los abogados presentan un muestreo de ocho activos inmobiliarios que, según documentan, fueron tasados por Auren en un informe pericial entregado en la Audiencia Nacional en diciembre de 2025 por un valor conjunto de 24,2 millones de euros. Sin embargo, cuando esa misma firma actuó como administración concursal para valorar esos activos de cara a la propuesta de convenio de Urbas, el precio cayó hasta los ocho millones de euros. La diferencia es de casi tres veces. Para la constructora, esta discrepancia no admite una explicación técnica razonable y constituye un ejemplo claro de infravaloración deliberada de su patrimonio.

Este tipo de diferencias en las valoraciones tiene consecuencias directas sobre el margen de maniobra de una empresa en concurso. Un patrimonio artificialmente bajo dificulta la aprobación de un convenio con los acreedores, reduce la credibilidad del deudor ante el juez y puede condicionar la capacidad de la empresa para negociar quitas y esperas. En otras palabras, no es un detalle técnico: determina en buena medida el futuro de la compañía.

Un proceso que llega a su momento clave

El contexto en el que se produce este recurso es crucial. Los procedimientos concursales en España contemplan que la administración concursal elabore un informe sobre el estado real del deudor, incluyendo la lista de acreedores, el inventario de bienes y la valoración del patrimonio. Este documento sirve de base para las negociaciones del convenio y, en muchos casos, para decidir si la empresa tiene viabilidad. Que Urbas haya presentado este recurso semanas antes de que ese informe sea público indica que la dirección de la constructora quiere cambiar las reglas del juego antes de que se fije el escenario definitivo.

El tribunal deberá ahora pronunciarse sobre si los argumentos presentados son suficientes para justificar la sustitución del equipo concursal, una medida que no es habitual pero que la legislación concursal permite cuando se acredita causa suficiente. La resolución judicial marcará el ritmo del proceso en los próximos meses y definirá si Urbas logra condicionar su propio concurso o si la administración designada por el juez mantiene el control del procedimiento hasta su conclusión.