Bruselas ha puesto sobre la mesa una propuesta para modificar la forma en que los países de la Unión Europea invierten los ingresos que obtienen del sistema de comercio de derechos de emisión (ETS).

Este sistema, que genera unos 24.000 millones de euros anuales, obliga a las empresas contaminantes a comprar permisos para emitir dióxido de carbono. Estos fondos deben usarse desde 2023 para combatir el cambio climático, pero la Comisión Europea busca que una mayor parte se destine específicamente a apoyar la transición hacia industrias más limpias.

Actualmente, solo un reducido porcentaje —menos del 5% según la Comisión— se emplea para ayudar directamente a las empresas a reducir sus emisiones de carbono. La intención es aumentar este porcentaje para fomentar inversiones en tecnologías más verdes y aliviar las preocupaciones industriales sobre los costes que afectan su competitividad.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado inquietud entre los ministerios de Finanzas de los Estados miembros, quienes gestionan estos ingresos dentro de sus presupuestos nacionales. Muchos países usan los fondos para otros proyectos ligados al clima o incluso para gastos generales sin transparencia clara. Por ejemplo, Austria ha invertido parte del dinero en infraestructura ferroviaria, y Francia en eficiencia energética residencial y otros fines presupuestarios. Otros Estados como Alemania y Países Bajos no detallan cómo emplean estos recursos.

La revisión del ETS busca respaldar el objetivo europeo de reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040 respecto a 1990. Entre las industrias afectadas están las empresas energéticas, productoras de acero, cemento, fertilizantes, así como el sector aéreo y marítimo.

Los responsables europeos defienden que redirigir más recursos a la industria para facilitar su descarbonización no solo cumple con el compromiso climático, sino que responde a las demandas empresariales sobre el impacto negativo de los costes adicionales. No obstante, diplomáticos advierten que restringir los fondos actuales para nuevos usos podría desestabilizar los presupuestos de los Estados y generar tensiones internas.

Asimismo, se estudia prolongar la concesión de permisos gratuitos para ciertos sectores, aunque con condiciones que impulsen más inversiones verdes. La UE también planea ampliar el ETS para incluir los vuelos que parten de su territorio y ajustar su cobertura al transporte marítimo, alineándose con una estrategia integral de descarbonización.

Expertos como Joseph Dellatte, del Institut Montaigne, señalan que Europa debe aprovechar los beneficios de su mercado de carbono para fortalecer la capacidad industrial que desea mantener para 2050, asegurando que la industria verde sea parte central del futuro.

En definitiva, la Comisión Europea intenta equilibrar la urgencia climática con la realidad económica y política de los Estados miembros, luchando por que los recursos generados por el impuesto al carbono se empleen eficazmente en la transformación verde, aunque esto suponga un choque con las prioridades nacionales.

Para más detalles sobre el sistema de comercio de emisiones y su impacto en la política europea, puede consultarse la información oficial en la Comisión Europea o las últimas noticias del Financial Times.