La reciente llegada masiva de entre 50.000 y 60.000 inmigrantes irregulares a Ceuta ha provocado una fuerte preocupación en la Unión Europea. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha denunciado públicamente la falta de solidaridad de algunos países socios, mientras que 22 Estados miembros han expresado su inquietud y han enviado una carta conjunta alertando sobre el posible efecto llamada de la regularización masiva.
Este choque de posturas ha llevado a convocar una reunión urgente entre los ministros de Interior de la UE para este martes, con el objetivo de buscar una posición común que permita gestionar la crisis migratoria surgida en la ciudad autónoma española. La solicitud fue planteada inicialmente por Sánchez y respaldada más tarde por los países firmantes de la carta colectiva.
A tan solo horas del anuncio de esta reunión, Italia decidió cerrar temporalmente el espacio Schengen con España, endureciendo los controles fronterizos para limitar el paso de inmigrantes extracomunitarios procedentes del territorio español. Esta medida ha añadido peso a la tensión entre los socios europeos.
Desde España se atribuye la crisis a la manipulación de las mafias migratorias que habrían utilizado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones en caliente, para intentar cruzar ilegalmente la frontera sin obstáculos. Sin embargo, los países europeos firmantes van más allá y advierten que políticas como la regularización masiva pueden incentivar nuevas oleadas migratorias que ponen en riesgo la integridad del sistema europeo.
En la misiva dirigida a los máximos responsables comunitarios, los países alertan sobre la necesidad de evitar "cruces masivos descontrolados" y la "instrumentalización" de la migración como una posible forma de presión híbrida, subrayando que no se puede generar la percepción de que entrar irregularmente en la UE es una opción viable.
Más allá de las diferencias, algunos Estados miembros como Francia, Irlanda, Luxemburgo o Portugal no suscribieron la carta crítica, y además destacaron la cooperación entre España y Marruecos para facilitar el retorno de migrantes a través de Ceuta.
El comisario europeo de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, afirmó que la UE apoya a España y está comprometida con la protección de sus fronteras exteriores y con la gestión eficiente de las consecuencias generadas por la crisis.
Esta crisis no solo pone a prueba la defensa territorial de España, sino que también desafía el modelo europeo de tránsito de personas. El Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha pedido a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que intervenga para aclarar el cumplimiento de las normas del espacio Schengen tras la decisión italiana de imponer controles fronterizos.
En el plano humano, las autoridades españolas han confirmado hasta 72 fallecidos en la costa durante la entrada irregular y han informado que la situación en la ciudad comienza a estabilizarse tras reducirse notablemente los intentos de cruce en las últimas horas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la mayor parte de las personas que entraron desde Marruecos han sido devueltas y que se ha instalado una barrera de contención de 500 metros en la frontera marítima para controlar posibles nuevas entradas.
Sin embargo, la normalidad todavía no se ha restablecido por completo en Ceuta. El presidente local, Juan Jesús Vivas, ha reconocido que aún permanecen miles de personas en las calles, mientras algunos grupos de migrantes se resisten a volver voluntariamente a su país.
Las fuerzas de seguridad continúan informando a estas personas sobre la imposibilidad de regularización por entrada ilegal y su única salida posible es la deportación. En paralelo, más de 1.000 migrantes esperan para acceder al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que opera sobrepasando su capacidad máxima.
La Casa Real española también se pronunció señalando la "preocupación e indignación" del Rey Felipe VI ante estos graves hechos, y destacó la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que situaciones como esta se repitan.
La reunión prevista para este martes es clave para definir futuras respuestas tanto a nivel nacional como europeo ante una crisis migratoria que ha reavivado viejos debates y tensiones dentro de la UE sobre el control de fronteras y la gestión conjunta de la migración irregular.
Para más información, consulte las declaraciones oficiales en los portales del Gobierno de España y la Comisión Europea.