Telefónica ha presentado una propuesta para eliminar la regulación actual de la CNMC sobre el acceso a sus postes y conducciones subterráneas —conocidos en el sector como ductos— con la intención de subir los precios de alquiler que cobra a otras telecos rivales un 116,4% en cinco años.

Estas infraestructuras físicas, esenciales para el despliegue de redes de cobre y fibra óptica hasta el hogar (FTTH), son utilizadas por operadores alternativos para llevar a cabo sus propios despliegues. Bajo la normativa vigente, denominada MARCO y supervisada por la CNMC, los precios para acceder a estos ductos están orientados a costes y regulados para garantizar condiciones equitativas.

La propuesta de Telefónica abandona este modelo y plantea un compromiso voluntario para cinco años, prorrogable un sexto, en el que los precios "orientados a coste" se reemplazan por "precios razonables". Esto implica un incremento del 30% inmediato y sucesivos aumentos anuales de alrededor del 17% durante tres años, finalizando con subidas del 2% en los dos últimos ejercicios. Así, el aumento total acumulado asciende a un 116,4% para los precios recurrentes, los que se pagan mensualmente.

Esta iniciativa ha generado una fuerte oposición de los competidores. En abril, varios CEO de operadoras rivales, entre ellas Masorange, Digi, Vodafone y otros mayoristas como PremiunFiber y asociaciones sectoriales, remitieron una carta a Bruselas protestando contra la subida propuesta por Telefónica y la posible pérdida de acceso a precios justos para estos ductos.

Los operadores rivales denuncian que el mercado de los ductos presenta un monopolio de facto, dado que la mayoría de los despliegues alternativos usan las conducciones de Telefónica por la imposibilidad práctica y económica de rehacer infraestructuras paralelas, sobre todo en un contexto con cerca de 50 millones de accesos de fibra ya desplegados. Esto hace que la medida pueda suponer una "remonopolización" del sector según los firmantes de la carta, quienes temen un impacto muy negativo en su rentabilidad y planes de negocio.

La subida afectaría especialmente a las fibercos, empresas mayoristas que rentabilizan sus redes con tarifas de las telecos y para las que el coste de los ductos representa un porcentaje relevante de sus gastos. Ejemplos como PremiunFiber, con inversores internacionales como el fondo GIC de Singapur, ilustran la dimensión económica en juego.

El proceso aún está en sus fases iniciales. La CNMC ha aprobado iniciar la tramitación de la propuesta pero no ha dado su visto bueno definitivo. Se abrirá un periodo de consulta pública y un test de mercado para recabar alegaciones antes de que la decisión final se tome, probablemente a finales de 2026 o en 2027. La Comisión Europea y otros reguladores europeos también serán informados y podrán intervenir en el proceso.

Para Telefónica España, un aumento de estas características en las tarifas supondría ingresos adicionales muy significativos. Actualmente, la operadora percibe alrededor de 130 millones de euros anuales por el alquiler de ductos. Con la subida, esa cifra podría alcanzar los 273 millones, mejorando notablemente su EBITDA sin incurrir en costes extras.

Desde Telefónica, se argumenta que los precios de acceso han descendido históricamente en España, de modo que incluso con estos incrementos la tarifa final estaría aún por debajo del nivel que tiene Orange en Francia. Sin embargo, los rivales rechazan esta comparación, alegando que la red de infraestructuras en Francia es mucho más extensa y diversa, lo que hace que los precios no sean directamente comparables.

Esta disputa pone sobre la mesa un tema crucial para la competencia y el desarrollo de la fibra en España. La evolución del precio de los ductos marcará el futuro del despliegue de redes alternativas y el equilibrio entre el operador histórico y sus rivales, condicionando también inversiones y el mercado mayorista.

La resolución del conflicto dependerá del balance entre las reivindicaciones de Telefónica de maximizar ingresos y las garantías regulatorias para mantener un sector abierto y competitivo, ante un escenario que podría encarecer sustancialmente el acceso a infraestructuras clave para la conectividad en España.

Para ampliar, puedes consultar la nota original según Expansión y el seguimiento del proceso en la CNMC así como el análisis del sector desde la patronal DigitalES.