El economista Joseph Stiglitz, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001, lleva décadas estudiando la desigualdad. A sus 83 años, asegura que la situación actual es la más grave que ha analizado: peor que la Gilded Age estadounidense de finales del siglo XIX, peor que cualquier otro momento del capitalismo moderno. La diferencia, dice, no es solo económica, sino ideológica.
El contraste que establece Stiglitz entre los magnates de hoy y los de hace un siglo resulta revelador. John Rockefeller, el hombre más rico de aquella época, financió universidades, bibliotecas y centros de investigación. Tenía una noción de responsabilidad social, imperfecta y controvertida, pero reconocible. Los grandes nombres de Silicon Valley, en cambio, han adoptado una filosofía radicalmente opuesta: la del individualismo radical, la del emprendedor que se ha construido solo y que por tanto no le debe nada a nadie ni al Estado ni a la sociedad. Para Stiglitz, esa narrativa es falsa en su base: internet, los algoritmos y la mayoría de las innovaciones tecnológicas que han hecho millonarios a estos personajes nacieron de investigación financiada con dinero público.
La magnitud de la concentración de riqueza que describe el economista es difícil de procesar. Según los datos del Panel Internacional sobre la Desigualdad, iniciativa en la que Stiglitz participa directamente, el 50% de la población mundial ha recibido apenas el 1% de toda la riqueza generada durante los últimos 25 años. El otro 99% ha ido a parar, en una proporción desproporcionada, a quienes ya eran ricos. A eso hay que sumarle las transferencias intergeneracionales: en la próxima década se moverán billones de dólares entre generaciones en Estados Unidos, lo que consolida lo que Stiglitz llama una "plutocracia hereditaria", un sistema en el que la riqueza no se gana sino que se hereda, y con ella el poder político.
Un impuesto mínimo global que frena la evasión
La propuesta más concreta que defiende Stiglitz es un impuesto mínimo global del 2% sobre el patrimonio de los grandes fortunas. El economista lo define como un gravamen moderado y técnicamente sencillo: si alguien tiene 100 millones de dólares y obtiene una rentabilidad del 6% anual, ya habrá cubierto ese 2% con un impuesto sobre las ganancias del capital del 33%, que además es inferior a lo que muchos asalariados pagan por sus sueldos. La simplicidad del diseño es deliberada: cuanto más complejo es un impuesto, más fácil resulta encontrar lagunas para evitarlo.
Y las lagunas existen. Stiglitz relata lo ocurrido en Francia cuando se debatió una medida similar: los representantes en la Asamblea Nacional introdujeron tantas excepciones que el impuesto quedó vaciado de contenido antes de aprobarse. Los propios millonarios admitían, según cuenta, que preferían no pagar ni ese mínimo. La lección que extrae no es la del derrotismo, sino la del aprendizaje: ahora se conocen los trucos, y eso permite anticiparse a ellos en futuros debates legislativos.
Medios, política y el peligro del dinero privado
Pero la fiscalidad no basta. Stiglitz advierte de que la influencia de los grandes patrimonios sobre la política y los medios de comunicación requiere soluciones específicas. En el terreno político, señala directamente el sistema de financiación de campañas en Estados Unidos, donde las donaciones funcionan en la práctica como inversiones con retorno garantizado para quienes las realizan. Mientras ese canal permanezca abierto, cualquier política redistributiva tiene un adversario estructural.
En el plano mediático, el economista alerta sobre la concentración de la propiedad de los medios en manos de unos pocos multimillonarios, con casos como la compra de CBS por parte de Larry Ellison y los intentos posteriores de cancelar programas críticos con el poder. Su receta tiene tres patas: financiación pública robusta para el periodismo independiente, obligar a plataformas tecnológicas e inteligencias artificiales a pagar por los contenidos que explotan sin compensación, y la construcción en Europa de un ecosistema mediático propio que no dependa de plataformas como X o Meta.
Esta última propuesta cobra especial relevancia en el contexto europeo. La Unión Europea ha dado pasos en materia de regulación digital con la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, pero Stiglitz va más allá: pide infraestructura propia, plataformas parcialmente públicas donde los ciudadanos reciban información y paguen impuestos sin que sus datos y su atención queden en manos de empresas ajenas a cualquier control democrático europeo.
La visión de conjunto que ofrece Stiglitz no es optimista, pero tampoco resignada. La desigualdad extrema no es el resultado inevitable del capitalismo, sino de decisiones políticas concretas que pueden tomarse de otra manera. El problema, reconoce, es que quienes tienen el poder económico también tienen el poder para bloquear esas decisiones. Romper ese círculo es, según él, el desafío democrático central de esta época.