Cinco años y medio después de su fundación, el sindicato Solidaridad —creado en la órbita de Vox en septiembre de 2020— sigue siendo una fuerza marginal en la negociación colectiva española. Según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a El País, esta organización solo participó en la firma de dos de los 1.017 convenios colectivos registrados en España durante 2025. En el conjunto histórico de la estadística, apenas constan 14 convenios suscritos por Solidaridad desde su creación.

Los datos contrastan radicalmente con los de los grandes sindicatos. UGT firmó 628 convenios el año pasado y CC OO, 619. Por detrás aparecen ELA con 149, LAB con 99 y USO con 94. Solidaridad, en cambio, queda diluida dentro del cajón de «otros sindicatos», una categoría que agrupa a las centrales con menor implantación y que en 2025 sumó 220 acuerdos en total. Fue a petición expresa del periódico cuando el ministerio comprobó que solo dos de esos 220 llevaban la firma del sindicato de Vox. La información procede del Registro y Depósito de Convenios Colectivos, donde los propios sindicatos detallan su participación en cada acuerdo.

En términos de afiliación y representación, la brecha es igualmente abismal. CC OO cuenta con un millón de afiliados y más de 116.000 delegados en empresas; UGT, con cerca de 984.000 afiliados y 110.000 delegados. Solidaridad, por su parte, no facilita públicamente ninguna de estas cifras. El sindicato tampoco respondió a las preguntas de este periódico para valorar los datos.

Por qué no despega

Los especialistas consultados apuntan a varias razones para explicar el escaso arraigo de Solidaridad. Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en movimientos de ultraderecha, señala que los sindicatos de clase «siguen arraigados en el territorio y demuestran resiliencia». Además, recuerda que UGT y CC OO han logrado victorias concretas en los últimos años, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo, lo que refuerza su credibilidad entre los trabajadores.

Forti también apunta a una contradicción de fondo en el proyecto de Vox: «Sus políticas son de cuño ultraliberal, incluso con loas a la motosierra de Milei. ¿Cómo puede un trabajador pensar que un sindicato vinculado a Vox pueda defender sus intereses?». Francisco Fernández-Trujillo, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, añade otro factor: el carácter de «organización satélite de un partido» lastra la credibilidad de Solidaridad. Aunque CC OO y UGT comparten afinidades ideológicas con la izquierda, llevan décadas formalmente desligados de los partidos políticos.

Fernández-Trujillo, cuya tesis doctoral analizó el conflicto laboral en las plataformas digitales de reparto, identifica el «nicho de intervención» de Solidaridad en sectores con relaciones laborales precarias o individualizadas: seguridad privada, reparto a domicilio o ámbitos donde la competencia con trabajadores migrantes genera tensión. Son terrenos donde los sindicatos tradicionales, según este experto, «han dejado de lado a una parte de la plantilla».

La prueba de Glovo

Las elecciones sindicales en Glovo —celebradas tras la laboralización forzada de los riders por la Ley Rider— fueron uno de los escenarios donde Solidaridad apostó más fuerte. En enero de 2025, el sindicato mantenía un canal de WhatsApp con 900 miembros y dedicaba una sección específica de su web a los repartidores. El resultado, sin embargo, fue modesto: tres delegados de los 25 en juego en Madrid. En el resto de provincias, no obtuvo representación alguna. En el cómputo global de los 137 delegados elegidos en Glovo hasta la fecha, CC OO logró 80, UGT 33 y otros sindicatos 24, entre los que se incluyen los tres de Solidaridad en Madrid.

El contexto europeo

La experiencia de Solidaridad no es un caso aislado en Europa. Forti distingue dos estrategias de la ultraderecha para penetrar en el mundo sindical: crear su propio sindicato —como hace Vox con Solidaridad o la italiana UGL— o intentar infiltrarse en los ya existentes, como ocurre en Francia. La UGL italiana, heredera del sindicato neofascista CISNAL, sigue siendo minoritaria pese al respaldo del Gobierno de Giorgia Meloni. En Francia, según Dominique Andolfatto, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Borgoña, los grandes sindicatos como CGT y CFDT «excluyen sistemáticamente a sus militantes que se posicionan públicamente a favor de la extrema derecha».

Desde la Confederación Europea de Sindicatos, que agrupa a 93 organizaciones y representa a unos 45 millones de trabajadores —entre ellos UGT y CC OO—, su secretario confederal Ludovic Voet es directo: los sindicatos vinculados a la ultraderecha «no son sindicatos auténticos». «Dividen a los trabajadores, difunden odio y debilitan la organización colectiva», afirma. Voet advierte, no obstante, de que no conviene subestimarlos: «Su papel no es solo organizativo, sino también ideológico. Intentan desplazar los debates dentro de los centros de trabajo y desviar la atención de la responsabilidad de los empleadores».

El liderazgo del sindicato también ha generado controversia. Su primer secretario general, Rodrigo Alonso, es diputado de Vox en el Parlamento andaluz. Su sucesor, Jordi de la Fuente, fue antes dirigente del partido neonazi Movimiento Social Republicano y secretario de organización de la xenófoba Plataforma per Catalunya. En octubre de 2024, Solidaridad anunció el lanzamiento de la Confederación de Sindicatos Patriotas, aunque sin detallar qué otras organizaciones europeas la integran.