Los sindicatos CCOO y UGT han puesto una fecha límite al Gobierno para la aprobación de una serie de reformas clave en materia laboral, entre ellas el endurecimiento del registro horario digital de la jornada laboral. El 31 de julio de 2026 es el plazo máximo que marcan para que estas medidas sean aprobadas, advirtiendo que de no cumplirse esta condición rechazarán futuros pactos con la administración.
Esta exigencia se dirige especialmente al Ministerio de Trabajo y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, responsable de la negociación con las organizaciones sindicales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado que el compromiso adquirido por el Ejecutivo debe cumplirse íntegramente y que la falta de concreción sobre el registro horario es inaceptable. Por su parte, Pepe Álvarez, líder de UGT, ha señalado que no hay justificación para la demora, aunque reconoce que se deben incorporar algunos ajustes técnicos para cumplir las recomendaciones del Consejo de Estado.
El principal escollo que bloquea la aprobación del nuevo registro horario digital radica en las discrepancias entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo sobre los plazos para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan adaptarse al nuevo sistema. Mientras Economía, liderado por Carlos Cuerpo, propone conceder hasta un año para la transición, Trabajo apuesta por un periodo máximo de seis meses, argumentando que el control de jornada es obligatorio desde 2019 y que existen sistemas digitales accesibles y económicos.
Además, el debate también incluye cuestiones legales y técnicas que deben resolverse antes de la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Trabajo prevé introducir leves modificaciones que refuercen la protección de datos y permitan espacios para la negociación colectiva, con el fin de evitar impugnaciones por parte de la patronal CEOE y asegurar la viabilidad política y jurídica del proyecto. A pesar de estas tensiones internas, los elementos esenciales del texto—como la obligatoriedad de un formato digital interoperable con la Inspección de Trabajo—seguirán vigentes.
Por otro lado, se mantiene en suspenso un real decreto para evitar que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pactada con sindicatos para 2026, pueda ser absorbida por pluses y complementos salariales. Esta medida, promovida por el Ministerio de Trabajo, pretende garantizar que el aumento del SMI sea efectivo para los trabajadores y no quede neutralizado por ajustes salariales empresariales.
Este ultimátum sindical se produce en un contexto de creciente presión para garantizar condiciones laborales más justas y un control efectivo de la jornada, en línea con las directrices europeas y los compromisos pendientes de la Ley de Riesgos Laborales. La falta de avances en estas normativas afecta a miles de trabajadores, especialmente en el sector de las pymes, y representa un tema de debate central en las relaciones entre gobierno, sindicatos y patronal.
Si el Ejecutivo no cumple con el calendario fijado, CCOO y UGT advierten de la suspensión de futuras negociaciones, lo que podría tensar aún más el diálogo social en los meses próximos. La capacidad del Gobierno para responder a estas demandas será clave para la estabilidad del mercado laboral y la confianza de los agentes sociales.
Para más detalles sobre el retraso en la Ley de Registro Horario, puede consultarse el informe del Ministerio de Trabajo y las recomendaciones del Consejo de Estado. Asimismo, los debates sobre la absorción del SMI y su impacto están analizados en el sitio oficial de la CEOE.