El 1 de julio entra en vigor un segundo paquete de medidas del Gobierno para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo que afecta a los precios de la energía y los combustibles. Estas políticas buscan contener los costos, especialmente durante la temporada alta de turismo.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que aunque la incertidumbre sobre los precios ha bajado, estos todavía no han regresado a niveles previos a la guerra. Por ello, el Ejecutivo ha decidido no solo recuperar el tipo general del IVA en carburantes al 21%, tras la advertencia de la Comisión Europea —que consideró ilegal el tipo reducido del 10% aplicado anteriormente—, sino también mantener y adaptar las rebajas a través del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Estas rebajas fiscales se establecen en 15 céntimos por litro para julio, y se irán reduciendo en 5 céntimos en agosto y septiembre, con la intención de eliminarse en octubre. Sin embargo, según Cuerpo, se mantiene una cláusula de revisión automática para volver a la bonificación máxima en caso de que el conflicto y la inflación repunten. Esta flexibilidad busca anticiparse a eventuales agravamientos en la situación internacional tras la tregua frágil entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
Para evitar que estas rebajas no se trasladen al consumidor final, el Gobierno ha reforzado la supervisión. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá mayor capacidad para recabar información y monitorizar las gasolineras, e incluso publicará las que muestren comportamientos irregulares, como no aplicar los descuentos fiscales. Esta medida busca garantizar transparencia y eficacia en el ajuste de precios, según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Además, complementando el alivio general a los carburantes, se mantienen las ayudas específicas para sectores afectados por la crisis energética derivada de la guerra. Transportistas y agricultores seguirán recibiendo una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible. El Gobierno destinará 165 millones de euros adicionales para subvencionar fertilizantes, muy impactados por el cierre del estrecho de Ormuz, y 65 millones para ayudas en el gasóleo agrícola y pesquero, sumando un total de 1.107 millones en ayudas desde finales de febrero, cuando estalló el conflicto.
En cuanto a la energía eléctrica, se inicia un proceso gradual para la eliminación del impuesto a la generación eléctrica, que es del 7%. Estos cambios sucederán en varias fases hasta 2028: una reducción del 30% del impuesto entre julio y septiembre de 2023, del 40% en el último trimestre, y del 50% en 2027, que dejará el tributo en torno al 3,5% antes de su desaparición total en 2028.
Este paso es especialmente relevante para el sector industrial, que había reclamado esta medida. Según Aagesen, permitirá un incremento en la producción valorado en 2.600 millones de euros y la creación de 3.700 nuevos empleos. Además, la ministra estima que la factura eléctrica podría reducirse hasta un 6% tras la eliminación definitiva del impuesto, aunque esta cantidad dependerá del perfil del consumidor.
El paquete también mantiene la prohibición para despedir a trabajadores por causas relacionadas con el conflicto hasta al menos octubre, garantizando la protección laboral para aquellas empresas que reciban ayudas públicas. De igual forma, se adelanta al 5 de diciembre la obligación de implementar planes de movilidad sostenible en el trabajo para entidades públicas y grandes empresas. Para facilitar esta transición, técnicos de Hacienda han propuesto ampliar los días de teletrabajo a tres por semana mientras no vuelvan los precios anteriores al conflicto.
En el terreno energético, estas medidas forman parte de un plan más amplio para impulsar la electrificación y acelerar la expansión de renovables en España. Según Cuerpo, el objetivo es agilizar permisos y simplificar normativas, especialmente en territorios no peninsulares, para fortalecer la resiliencia energética y avanzar en la descarbonización.
Este nuevo decreto forma parte de un esfuerzo fiscal que suma 6.825 millones de euros desde marzo, combinando el primer paquete anticrisis y este refuerzo aprobado en respuesta a la inestabilidad global. Las acciones reflejan la búsqueda del Gobierno por proteger la economía de hogares y sectores productivos ante la incertidumbre geopolítica y sus efectos inflacionarios.