La relación entre Indra y Santa Bárbara Sistemas, filial del grupo estadounidense General Dynamics, entra en una fase de posible reconciliación tras meses de tensiones legales y comerciales que derivaron en una batalla judicial por contratos militares valorados en 7.240 millones de euros.
El desencuentro se inició en marzo de 2025, poco después de que Ángel Escribano accediera a la presidencia de Indra, cuando expresó su interés por adquirir la planta asturiana de Santa Bárbara en Trubia, dedicada al ensamblaje de los blindados 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Sin embargo, General Dynamics rechazó la oferta, reafirmando su intención de mantener la producción interna en un sector con grandes inversiones y marcado por la necesidad de rapidez en fabricación y suministro.
Posteriormente, la disputa se agudizó en torno a los contratos de modernización militar adjudicados por el Gobierno español, donde Indra y su empresa asociada Mechanical & Engineering, liderada por la familia Escribano, recibieron contratos clave. Santa Bárbara cuestionó que estas adjudicaciones fueran promovidas hacia compañías con escasa experiencia en artillería, lo que motivó que presentara recursos judiciales y administrativos que, hasta ahora, no han prosperado.
El Ministerio de Defensa desestimó el recurso de alzada de Santa Bárbara el 16 de abril, dejando a la firma con dos meses para decidir si eleva el caso a la Audiencia Nacional. Esta decisión aparece hoy en suspenso, ya que las recientes incorporaciones en la alta dirección de Indra —con Ángel Simón como presidente y Josep Maria Recasens asumiendo la figura de CEO— abren una ventana para retomar el diálogo.
Fuentes cercanas a Santa Bárbara citadas por Expansión manifiestan optimismo ante esta nueva etapa: consideran que la nueva directiva podría favorecer entendimientos y evitar que la disputa se extienda judicialmente. Se destaca que Santa Bárbara siente que ha sido tratada de forma injusta y subrayan su disposición a colaborar activamente aportando su conocimiento industrial.
Este conflicto ha reflejado también tensiones más amplias en el sector de la Defensa español, donde Indra, con el respaldo del Estado (que controla el 28 % a través de Sepi), busca consolidar su liderazgo nacional. La gestión de Escribano fue percibida como agresiva por otras empresas del sector, ya que apostó por absorber capacidades industriales internamente en lugar de fomentar alianzas externas, lo que generó resistencia y dificulta la integración sectorial.
Santa Bárbara, a su vez, defiende que la producción de vehículos militares difiere sustancialmente de la automoción civil, destacando su experiencia en reconversión industrial, como la planta de Opel en Kaiserslautern (Alemania). Además, ha ofrecido al Gobierno replicar este modelo en España y mantiene buenas relaciones con zonas industriales como Cataluña.
El reto para Simón y Recasens será reconstruir los puentes no solo con Santa Bárbara, sino con otras empresas relevantes del sector, en un contexto de interés político y estratégico por fortalecer el complejo nacional de Defensa. Este nuevo enfoque podría favorecer acuerdos de colaboración en vez de enfrentamientos judiciales prolongados.
Por ahora, la evolución del conflicto queda pendiente de ver si Santa Bárbara decide acudir a la Audiencia Nacional o si ambos actores consiguen un pacto que aporte estabilidad y continuidad a programas estratégicos para la modernización militar española.