El radar que más sanciona en España se encuentra en el kilómetro 326 de la autovía A-7, cerca de La Canyada, en Paterna, Valencia. Este dispositivo registró en 2025 un total de 90.766 multas, lo que se traduce en una denuncia cada seis minutos, según el informe publicado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Con un límite de velocidad establecido en 120 km/h en este tramo general de autovía, el radar valenciano lidera el número de sanciones por velocidad en el país. En comparación, en 2023 acumuló 43.269 multas, mientras que en 2024 estuvo prácticamente inactivo con solo seis infracciones registradas, lo que hace que su reactivación y actividad en 2025 haya sorprendido por la intensidad de su vigilancia.
En segundo lugar se encuentra otro radar de la Comunidad Valenciana, ubicado en el kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante. Este radar, implementado por la DGT en julio de 2024, impuso 72.557 denuncias durante su primer año completo. Completa el podio el radar situado en el kilómetro 127 de la A-15 en Navarra, que comunicó 67.445 sanciones en 2025, mejorando sus cifras del año anterior.
La recaudación total a nivel nacional por multas de velocidad, excluyendo País Vasco y Cataluña por tener competencias propias, ascendió a 246,8 millones de euros, un aumento del 14% respecto a 2024, según AEA. Este incremento no se atribuye a mayor indisciplina vial, sino a la activación de nuevos radares estratégicamente ubicados.
El estudio destaca que un reducido grupo de 50 radares, de más de 1.000 instalados en España, es responsable de casi la mitad de las denuncias y de los ingresos generados por multas. Estos dispositivos son tremendamente eficientes, concentrando 1.342.285 sanciones, lo que refleja un modelo de vigilancia que depende en gran medida de equipos focalizados.
Desde la perspectiva territorial, las provincias que encabezan la recaudación son Valencia (18,9 millones de euros), Madrid (17,9 millones) y Cádiz (16,5 millones), mientras que las menos sancionadoras incluyen Ourense, Cáceres y Salamanca, con cifras inferiores a 2 millones.
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, esta concentración de multas en autopistas y autovías —donde no ocurre la mayoría de accidentes graves— evidencia que la política de radares de la DGT puede estar más orientada a la recaudación que a la prevención y reducción de accidentes. Este modelo genera controversia entre los conductores, pues no parece estar logrando su finalidad principal.
Con este escenario, el debate sobre la eficacia y el objetivo de la sanción por velocidad seguirá abierto, a medida que se ponderen las estrategias para mejorar la seguridad vial y la gestión de los dispositivos de control en carretera.
Más detalles y el informe completo están accesibles en la web de Automovilistas Europeos Asociados y la Dirección General de Tráfico.
Este fenómeno radica no solo en la vigilancia sino en las decisiones de ubicación y gestión de los radares que influyen directamente en el número de infracciones detectadas y sancionadas.
La insistencia en la actuación sobre autovías y autopistas, donde el límite suele ser más alto, contrasta con el porcentaje de accidentes con víctimas que suceden principalmente en carreteras secundarias, lo que abre un dilema sobre dónde se deberían focalizar los esfuerzos para mejorar la seguridad vial en España.