La Comunidad de Madrid ha puesto en vigor una nueva ley que busca impulsar la continuidad de las empresas familiares mediante una significativa rebaja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta norma, aprobada en junio por la Asamblea regional y anunciada meses antes por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, eleva del 95% al 99% la bonificación fiscal para quienes hereden o reciban en donación un negocio familiar, siempre que mantengan la actividad empresarial durante al menos cinco años.

Esta medida no solo aumenta las bonificaciones, sino que amplía el círculo de beneficiarios más allá del núcleo familiar directo, incluyendo hermanos, tíos, sobrinos, primos e incluso empleados con una antigüedad mínima de diez años y funciones de dirección previamente acreditadas. Este último aspecto es relevante al reconocer la importancia de ciertos trabajadores en la supervivencia del negocio, un paso poco habitual en la legislación expuesta.

Este impulso legislativo responde a las dificultades históricas que enfrentan las empresas familiares en España para mantener la sucesión generacional, donde la carga fiscal a menudo impulsaba la venta del negocio para afrontar los costes impositivos. La norma madrileña introduce además una simplificación en los requisitos para acceder a las bonificaciones, eliminando condiciones como la edad mínima del donante y la necesidad de que la actividad sea la principal fuente de ingresos.

Además de las mejoras en el impuesto de sucesiones, la ley establece deducciones específicas según la relación de parentesco, con montos que varían desde 8.000 hasta 48.000 euros, y contempla una rebaja adicional para herederos con discapacidad, que puede llegar hasta 153.000 euros. También se incluye una bonificación del 100%, con límite de 9.200 euros, para los beneficiarios de seguros de vida en determinados grados de parentesco.

En cuanto a la vivienda habitual del fallecido incluida en una adquisición mortis causa, la norma recoge una reducción del 95% en la base imponible, con un límite de 123.000 euros, condicionada a mantener la propiedad durante cinco años. Estas medidas buscan aliviar la presión fiscal y administrativa que amenaza la estabilidad y legado de las empresas familiares, que son motor económico fundamental en la región.

El contexto fiscal español ha sido en los últimos años complejo para los negocios familiares debido a la presión impositiva creciente, la introducción de nuevos gravámenes y el aumento de cotizaciones sociales, lo que complicaba la continuidad y el crecimiento de estos negocios. Madrid se posiciona así como una región pionera en ofrecer un marco legal y fiscal favorable que protege y promueve este sector empresarial.

La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) ha saludado la aprobación de esta ley como un avance fundamental para asegurar el relevo generacional y la permanencia de sus empresas. Este esfuerzo normativo se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno regional para fortalecer la creación de riqueza y empleo fomentando un entorno competitivo y menos gravoso para las compañías locales.

Con esta ley, Madrid se convierte en una de las pocas comunidades autónomas que aplican bonificaciones tan elevadas y extensas en el Impuesto de Sucesiones para empresas familiares, un modelo que podría ser imitado por otras regiones en España para evitar la pérdida de sus empresas más tradicionales y valiosas.

Para más información, se puede consultar el texto oficial de la ley publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el análisis de la AMEF disponible en su web oficial, que detalla los beneficios y requisitos específicos de esta legislación.