El magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado el procesamiento y el envío a juicio de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha impuesto cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en el juzgado.

La decisión fue adoptada tras una audiencia preliminar celebrada el lunes anterior, a solicitud de las acusaciones populares, que alegaron riesgo de fuga. Peinado carga contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, mientras que su asesora Cristina Álvarez enfrenta los mismos cargos. También se procesa al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, según reportó la agencia Efe.

Cabe destacar que la resolución del juez, difundida el sábado, llegó con demora respecto al plazo legal previsto de tres días desde la vista, lo que ha generado atención mediática. Además, Peinado ha abierto una pieza separada contra Gómez por supuestos delitos de prevaricación y fraude relacionado con fondos de la Unión Europea en conexión con Barrabés.

El auto, que consta de 84 páginas, acoge la petición de las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír y no toma en cuenta el criterio de la Fiscalía ni de las defensas. Ambas partes rechazan la existencia de motivos suficientes para continuar la causa, argumento que tampoco fue respaldado por el Ministerio Público.

Respecto a la imposición de medidas cautelares, Peinado justifica su decisión en la existencia de indicios racionales de criminalidad y en el riesgo de que, ante la gravedad de las penas posibles, la acusada pudiera intentar huir, lo que perjudicaría la acción de la justicia. En su escrito, el juez subraya que Gómez habría usado su vínculo con el presidente para obtener beneficios personales.

El juez compara este caso con supuestos de regímenes absolutos, lo que calificó como inusual y propio de tiempos pasados, para reforzar la gravedad del asunto. Palabras que han generado polémica en el ámbito político y judicial.

Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares, calificándolas como desproporcionadas. Desde Moncloa han denunciado la actuación de Peinado como una persecución política sin base jurídica, calificando su instrucción como un despropósito. También han rechazado las insinuaciones del juez sobre posibles colaboraciones de los agentes policiales que escoltan a Gómez para facilitar una fuga, considerándolas infundadas.

Este episodio recuerda la decisión de otro magistrado, José Luis Calama, quien en el caso Plus Ultra desestimó imponer restricciones similares al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, alegando protección de derechos fundamentales y la proporcionalidad de las medidas.

La causa continuará su curso con estas medidas establecidas, en un proceso que sigue siendo objeto de intensos debates jurídicos y políticos tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública, dada la implicación de una figura cercana al presidente del Gobierno.

Para más detalles sobre el proceso judicial puede consultarse la información de EFE y el análisis de fuentes oficiales en el Ministerio de Justicia.

Este caso marca un hito en la investigación de posibles irregularidades vinculadas a la esfera política y empresarial en España, evidenciando la complejidad y sensibilidad que conlleva la justicia en asuntos de alta repercusión social.