El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, dentro del caso que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el hallazgo de joyas en la caja fuerte de la oficina registrada por la UDEF.

Esta decisión responde a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió citar a estas tres personas para que se puedan defender ante su condición de investigadas, y será fijada próximamente para declarar en el proceso judicial. Según el juez, las hijas de Zapatero son administradoras solidarias de la empresa Whathefav, vinculada al entramado estudiado, cuya operativa puede estar relacionada con las irregularidades bajo investigación.

El auto judicial subraya que la condición de administradoras y la conexión directa con esta mercantil justifican su imputación, ya que la empresa habría sido instrumental para ocultar o facilitar operaciones relevantes para el caso. Por ello, su citación no exige pruebas concluyentes, sino indicios racionales que las relacionan con los hechos.

El magistrado explica que citarlas como investigadas protege sus derechos constitucionales, evitando que deban declarar obligatoriamente y puedan reservarse su derecho a no autoinculparse, algo que no sería posible si fueran llamadas como testigos. En cuanto a Gertrudis Alcázar, su inclusión responde a indicios directos de participación encontrados durante el registro del pasado 18 de mayo.

Por otro lado, Calama ha rechazado la mayoría de las diligencias solicitadas tanto por la acusación popular unificada como por Zapatero, quien pidió ampliar la cooperación internacional con Estados Unidos para recabar más información. El juez argumenta que sin respuesta a la solicitud inicial no se puede valorar la pertinencia de nuevas diligencias.

Además, queda fuera la petición de que figuras como el exministro José Luis Ábalos o el asesor Koldo García fueran llamados a declarar, así como la imposición de una fianza para asegurar la deuda pendiente de Plus Ultra, dado que el caso se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo relacionados con la financiación pública recibida.

El contexto político también se ha visto afectado por esta causa. Cándido Méndez, exsecretario general de UGT y amigo de Zapatero, ha aconsejado al expresidente que suspenda su militancia en el PSOE mientras dure el proceso para centrarse en la defensa de su honorabilidad. Méndez reconoce que, aunque cree en la inocencia de Zapatero, la imputación añade un contratiempo político y personal significativo.

Este caso revela las complejidades y ramificaciones que aún tiene el rescate de Plus Ultra, que no solo involucra presuntas irregularidades en la financiación y gestión de ayudas públicas, sino que también toca figuras cercanas al expresidente, complicando la imagen política y pública de Zapatero.

Para más detalles sobre la causa y sus avances, puede consultarse el auto judicial en la Audiencia Nacional y las declaraciones oficiales del Ministerio Público en su sitio web.

El avance de esta investigación mantiene abiertos interrogantes sobre la responsabilidad penal y política de los implicados, por lo que el desarrollo de las diligencias y futuras citaciones será decisivo para el desenlace del caso.